El Alcalde del municipio de Baní dijo hoy que el Cabildo local seguirá el proceso en los tribunales hasta hacer que la Distribuidora de energía del sur –EDESUR- haga efectivo el pago del 3 por ciento mensual de la factura que cobre a sus abonados, de lo cual ha acumulado un monto superior a los 70 millones de pesos -de acuerdo a datos de la Superintendencia de electricidad- y unos 80 millones, por cifras que estimaron nuestros técnicos.

Nelson Camilo Landestoy en informaciones a través del Departamento de Relaciones Públicas desde Buffalo, Estados Unidos en donde se encuentra en viaje oficial expresó que la suspensión del servicio eléctrico a las instalaciones municipales, es un abuso de la Edesur, con lo cual irrespeta el proceso que cursa en los tribunales  incoado por el Ayuntamiento, cuyo conocimiento de fondo fue solicitado en acto de fecha 5 de agosto pasado.

El Ayuntamiento a través de sus abogados notificó una demanda en referimiento a la Edesur por acto de alguacil para que comparezca este miércoles a las nueve de la mañana ante el Juez de primera instancia de lo civil, a fin de que se reponga de inmediato el servicio eléctrico en todas y cada una de sus instalaciones.

La Edesur suspendió el servicio eléctrico la tarde del lunes, en momentos cuando se sigue un proceso en contra de esa institución por el no pago de cerca de 80 millones de pesos que debe entregar al cabildo fruto del 3% de la facturación mensual, tal como lo establece la ley 125-01.

La que en realidad tiene que devolver al Ayuntamiento de lo que debe, es la Edesur, porque se ha quedado con un dinero que corresponde al gobierno municipal.

En el acto de alguacil notificado a las 4 y 57 minutos de la tarde de ayer por el ministerial José Santana Chalas, se pide al juez de los referimientos “ordenar a la Empresa distribuidora de energía del sur (EDESUR) y a su administrador general señor Marcelo Rogelio Silva Iribarne, la reposición inmediata de los servicios de energía eléctrica en todas y cada una de las instalaciones del Ayuntamiento del municipio de Baní, donde dicho servicio fue suspendido, y prohibir el corte futuro de las mismas por tratarse de una institución de servicios públicos”.

De igual manera pide al juez de los referimientos condenar a la Edesur al pago inmediato de un astreinte provisional por la suma de 100 mil pesos diarios por cada día en el retardo del cumplimiento respecto a la reposición del servicio.