POR SOILA PANIAGUA
El secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás, dijo ayer que el gobierno cerrará este junio con un superávit de RD$331 millones, acorde con el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entrevistado al finalizar el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio donde fue el orador invitado, Montás descartó que en el primer trimestre de año el gobierno haya operado con un déficit fiscal que pudiera generar problemas, de cara a la revisión del acuerdo con el FMI.

Descartó también que este año el gobierno vuelva a introducir una proyecto de ley de reforma tributaria, ya que “hasta que no termine junio y hagamos una revisión con el FMI, nosotros no estaremos en capacidad de hablar de reforma tributaria”.

Para finales del próximo julio se espera que venga al país una misión del FMI, fecha en la que el gobierno tendrá lista una estrategia para llevar a niveles aceptables el déficit cuasi fiscal del Banco Central, explicó.

Montás dijo que actualmente la deuda pública interna alcanza los US$5,000 millones y que si se suman con las deudas externas serían unos US$12,000 millones.

En cuanto al subsidio al gas licuado de petróleo (glp), aclaró que el gobierno no ha planteado reducirlo o eliminarlo, sino no asumir otros.

“No vamos a asumir nuevos subsidios, pero vamos a mantener los que tenemos”, aclaró el secretario Técnico de la Presidencia.

La charla

En su intervención en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, Montás planteó que en el país hay que instaurar una cultura de evaluación de impacto de las políticas públicas, ya que el uso de los recursos debe tener un resultado objetivamente cuantificable.

Afirmó que el país no debe continuar en un contexto de restricción de recursos, sin conocer cuáles han sido sus resultados reales.

Montás dictó la conferencia “Una agenda para la modernización democrática del país”, durante la cual planteó la necesidad de aumentar la inversión en la educación, de una reforma constitucional, consideró preocupante la poca cultura cívica de los dominicanos y resaltó el crecimiento económico de los últimos dos años.

Dijo que se estudia la posibilidad de plantear un pacto entre las fuerzas vivas del país en materia de la aplicación de políticas de Estado duraderas que impulsen el desarrollo de la nación, para que tengan que ser ejecutadas por quienes ejerzan el gobierno.

“Esa es una idea primordial que permitiría orientar a la nación sin exclusiones, apelando al concurso de todos aquellos, ya sean políticos, empresarios, trabajadores, estudiantes, ciudadanos, ciudadanas, que anteponen el interés sagrado del país a cualquier otra circunstancia”, dijo.

Puntualizó que el proceso de reforma que plantea el gobierno privilegiará en todo momento un enfoque consensual y que se  buscará afianzar una aproximación integradora de los intereses y expectativas de toda la sociedad, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, más allá de los intereses inmediatos de los partidos.

“Con este proceso de reforma buscaremos crear una conciencia social acerca de la necesidad de la reforma, tratando de que no sea vista como un empeño partidario para asegurar posiciones, sino como un esfuerzo superador de la sociedad en su conjunto. Se trata, pues, de una agenda para la modernización democrática del país”, explicó Montás.

Manifestó que para avanzar en los aspectos mencionados, se necesitan mayores recursos para aumentar el gasto social y acercarlo al promedio de lo que se gasta en la región.

“El gobierno se ha comprometido a aumentar en 1% anual el gasto social y se ha logrado en el presupuesto vigente, a pesar de las restricciones impuestas por la crisis económica reciente”, sostuvo.

Manifestó que el gran desafío será continuar con ese aumento para alcanzar el 10% del PIB hasta el 2008, el porcentaje más alto en los últimos 50 años en la República Dominicana. Abogó porque la política social en la nación se transforme para que contribuya efectivamente al logro del objetivo máximo de desarrollo.

Citó cinco aspectos fundamentales para lograr esa meta que son una visión de largo plazo de la política social y el fortalecimiento de los espacios y mecanismos para una mayor articulación e integralidad de los diferentes componentes de la política social.

También, la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación directa de los beneficiarios, la reforma institucional necesaria en el área de política social y la profundización de las reformas iniciadas, algunas en los 90s y otras a principios de la presente década en los sectores educación, salud y seguridad social.

Dijo que el gobierno está  comprometido a impulsar la aprobación de una carta sustantiva moderna, democrática y participativa, que reafirme los principios en que se fundamenta el Estado de derecho en el país.