Esta semana ocurrieron varios acontecimientos sospechosos, algunos con ribetes de sabotaje, sin que el Gobierno dominicano se dé siquiera por enterado, lo que puede constituir un estímulo a réplicas –réplicas de mayor gravedad inclusive– que generen temor en la población, inestabilidad política y mala imagen del país en el ámbito internacional.

El domingo pasado, en un hecho sin precedentes, se quedaron varados durante largas horas 32 turistas en el Teleférico de Puerto Plata, al día siguiente los cables que iluminan la pista del Aeropuerto Internacional de las Américas fueron cortados y simultáneamente cinco equipos de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) coincidentemente se “dañaron”.

El caso del aeropuerto, el más grave de todos, por los daños ocasionados a viajeros, a líneas aéreas y por la repercusión internacional a la imagen del país, fue atribuido a un “cortocircuito” por oficiales del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC). ¿Quién diablos va a creer esa versión?

Para algunos analistas políticos estos casos guardan relación a las reuniones celebradas por oficiales activos y jubilados en una casa del Residencial Alameda, en la que hubo arengas de contenido desestabilizador y conspirativo contra el Gobierno constituido legalmente, sin que hasta el momento el presidente de la República, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, haya sancionado a nadie, lo que envía una señal de debilidad.

No hay quienes descartan, inclusive, que la ejecución policial de dos cristianos en Villa Altagracia guarde relación a un proyecto criminal de oficiales policiales y militares corruptos, comprometidos con la pasada administración, que temen a los procesos judiciales iniciados por la Procuraduría General de la República.

El caso Coral, por ejemplo, ha involucrado a miembros de la propia seguridad del presidente Luis Abinader y los expedientes pendientes de conocer por el Ministerio Público involucraría a casi toda la alta oficialidad militar y policial en actividades ilícitas, conforme a un informe ofrecido al suscrito.

La propia actitud del ministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Luciano Díaz Morfa, resulta extraña, al no colaborar con la justicia dominicana y negarse a dar la baja al general Adán Cáceres Silvestre, antiguo jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina, acusado de ser la cabeza de un entramado que dilapidó recursos millonarios del Estado dominicano. Díaz Morfa llegó al extremo de pedir a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que modifique el Código Penal para que el exdirector del CUSEP sea procesado de conformidad a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Ya que el presidente ha dado luz verde en el accionar de un Ministerio Público independiente y observando los actos de terror que se registran, bien debería sancionar a los oficiales que inflijan las leyes, pues de no hacerlo los mismos se multiplicarían. Lo aconsejable es que tome medidas ejemplarizantes.

De igual manera redoblar la inteligencia y contrainteligencia del Gobierno y rodearse de personas de confianza. Hasta el momento lo que se observa es un Gobierno terco, que ha dejado a todos los civiles y militares en sus puestos, que duerme con el enemigo.

Se tiene la experiencia del profesor Juan Bosch, ganador de las elecciones del 20 de diciembre de 1962, que apenas pudo gobernar durante siete meses, por dejar en sus cargos a todos los oficiales policiales y militares del régimen trujillista.

Don Antonio Guzmán Fernández, presidente en el período 1978-1982, pudo garantizar estabilidad porque destituyó a todos los jerarcas militares y policiales de los doce años de Balaguer. Y aquellos que tuvieron la osadía de cometer actos de terror, como atrincherarse en Radio Guarachita y tomar de rehenes a varios periodistas de Notitiempo, de Radio Comercial, se les sancionó debidamente.