Caracas.- El gobierno de Venezuela y la oposición acordaron este lunes iniciar un diálogo el próximo domingo en isla Margarita, en lo más álgido de la crisis política por la suspensión del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

Delegados del gobierno y la oposición se reunieron, por primera vez en dos años y medio de crisis, a fin de «establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria» en Margarita (norte), dijo el enviado del papa Francisco, Emil Paul Tscherrig, nuncio apostólico en Argentina.

En una imprevista rueda de prensa, Tscherrig manifestó que el encuentro, efectuado bajo los auspicios de Unasur, transcurrió «en un clima de respeto, cordialidad y voluntad política para hacer avanzar este proceso». En la reunión, gobierno y oposición propusieron temas, metodología y cronograma del diálogo, y acordaron «trabajar en conjunto para garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico» de manifestaciones convocadas por ambas partes.

El sorpresivo anuncio se produjo en momentos en que Maduro fue recibido por el Papa en el Vaticano, sin previo aviso y tras el cierre de una gira por Medio Oriente. Durante la audiencia privada, Francisco instó «al diálogo sincero y constructivo» entre el gobierno y la oposición a fin de «aliviar el sufrimiento» de la gente, precisó la nota.

La suspensión del referendo, con el cual la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) buscaba sacar a Maduro del poder, caldeó aún más el ambiente político, en un país que sufre una severa crisis económica, con grave escasez de productos básicos y una inflación que el FMI calcula en 475% para este año. La oposición sostiene que la solución a la crisis es la salida del poder de Maduro, cuya impopularidad llega a 76,5% y a quien más de un 60% quiere revocar, según la firma Datanálisis.

Batalla política.-Dominada por la oposición, la Asamblea Nacional, declaró el domingo que la paralización del referendo consumó un «golpe de Estado» y anunció acciones para «restituir el orden constitucional». El parlamento debatirá el martes «la situación constitucional del presidente», a quien culpa de la «ruptura de la democracia», mientras la MUD organiza una protesta nacional que convocó para el miércoles, llamada la «Toma de Venezuela».

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, destacó que el diálogo llega «en momentos muy duros para el país» por la «operación de secuestro judicial» del revocatorio. «Para nosotros es fundamental que este diálogo aborde los temas que más le importan a los venezolanos, de los cuales el económico y social es de singular importancia», indicó por su parte el portavoz presidencial Jorge Rodríguez.

El jefe de la bancada opositora, Julio Borges, planteó un posible «juicio político» contra Maduro, a quien la oposición también acusa de tener doble nacionalidad, venezolana y colombiana, que lo inhabilitaría para el cargo. El constitucionalista José Ignacio Hernández señaló que un juicio político no está expresamente contemplado en la Constitución, pero implica una sanción política y moral.

El conflicto entró en una nueva fase luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazara el jueves, indefinidamente, la recolección de cuatro millones de firmas necesarias para llamar al referendo, que estaba prevista para esta semana. El poder electoral, acusado por la MUD de estar controlado por el gobierno al igual que la justicia, argumentó el acatamiento a sentencias que anularon por «fraude» un primer recaudo de rúbricas que abrió el proceso.

«La batalla institucional está perdida, por tanto la Asamblea estableció los lineamientos de su futura batalla política: la protesta popular, la demostración de mayoría, el llamado a la presión internacional», declaró a la AFP el analista Luis Vicente León. Pero los expertos advierten que el gran desafío de la MUD es movilizar masivamente a la población, lo que no ha ocurrido, con excepción del 1 de septiembre.

«Estamos en una gran encrucijada, grave. El término medio: la participación activa, pacífica, inteligente y permanente, es una línea muy complicada de conseguir, es un proceso largo que incluye la negociación», aseguró León.

Los oficialistas han amenazado ya con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la ilegalización de la MUD como agrupación política. Mientras, la MUD anunció que enviará una comisión para pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplique la Carta Democrática, que prevé sanciones en casos de ruptura del hilo democrático. Human Rights Watch (HRW) exhortó a la OEA a presionar al gobierno para que permita ayuda internacional frente a lo que considera una «crisis humanitaria».