SANTA FE DE RALITO, Colombia (AP).- Con un llamado a la paz, críticas al Estado y el anuncio de un futuro partido político de los paramilitares, el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) instalaron formalmente el jueves las negociaciones para desmovilizar a más de 13.000 combatientes irregulares.

«Este no es un proceso de paz para las autodefensas, es un proceso de paz para Colombia… nosotros como autodefensas campesinas avanzaremos no hacia la desaparición como organización, sino hacia la transformación en un movimiento de político de masas…», dijo el jefe del Estado Mayor de las AUC, Salvatore Mancuso, en el discurso inaugural.

Mancuso también hizo fuertes críticas a lo que calificó la «debilidad y complacencia» del Estado hacia las guerrillas, lo que determinó el nacimiento de los paramilitares hace dos décadas.

«Colombia exige un Estado… que no nos vuelva a abandonar ni en la paz ni en la guerra», indicó el jefe de los combatientes de extrema derecha.

Adelantó que en la agenda de negociación con el gobierno habrá cinco temas: derechos humanos; redefinición del cese de hostilidades; zonas de concentración de tropas; sustitución de cultivos ilícitos; y la aplicación de políticas integrales de seguridad en zonas de influencia paramilitar y seguridad jurídica para los combatientes.

«Tenemos mucha confianza en este proceso porque se ha establecido con los parámetros de este gobierno: cese de hostilidades. Creemos en la voluntad de paz de las autodefensas», dijo el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, antes del acto inaugural.

Pero Pretelt afirmó que se cumplir con el cese de hostilidades, un día después de que los paramilitares liberaron a un ex senador, tras secuestrarlo por tres días y en un hecho que puso en jaque las negociaciones.

El Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, reiteró esta exigencia en su discurso y pidió a los paramilitares poner fin a toda actividad ilícita.

El delegado de la OEA, Sergio Caramagna, anunció en el lugar que iniciará el jueves la verificación del proceso en la «zona de ubicación» de 368 kilómetros cuadrados en el noroeste del país, donde una decena de jefes paramilitares estarán protegidos por unos 400 de sus combatientes durante seis meses.

La fuerza pública controlará el acceso a estas calurosas planicies, no se podrán realizar acciones ilegales y la OEA velará por el respeto a los civiles.

En el acto donde las autoridades y los comandantes paramilitares –unos de civil y otros con tenida de camuflaje– estuvieron sentados en torno a una larga mesa blanca, se notó la ausencia de representantes internacionales.

«Hay que tener en cuenta que las AUC son responsables de más de 800 violaciones la cese del fuego acordado», dijo a la AP el embajador holandés, Teunis Kamper, quien al igual que otros diplomáticos europeos no asistió al acto, pese a estar invitado. Tampoco la ONU estuvo presente.

El embajador estadounidense, William Wood, advirtió esta semana que las autodefensas «solo tienen un programa: narcoterrorismo y una sola agenda: destrucción».

El agregado militar de la Embajada fue al acto, pese a que Mancuso es solicitado extradición por Estados Unidos y otros comandantes son considerados traficantes de drogas. También las AUC, al igual que las guerrillas, están en la lista de terroristas de Washington.

El nuncio Beniamino Stella asistió al encuentro, ya que la Iglesia ha actuado como facilitador de los diálogos.

Las negociaciones con los paramilitares empezaron a perfilarse a fines del 2002, cuando las AUC decretaron un cese de hostilidades.

Siete meses después, se firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito para concretar la desmovilización de más de 13.000 combatientes antes del 2006.

A pesar de que estas negociaciones podrían reducir la intensidad del conflicto de cuatro décadas que deja más de 4.000 muertos al año, hay mucho escepticismo sobre su futuro.

Si bien los paramilitares ya desmovilizaron 870 combatientes en Medellín y alrededores, al mismo tiempo han continuado con los homicidios, masacres, secuestros y narcotráfico.

Incluso el líder histórico de las AUC, Carlos Castaño, desapareció en circunstancias no aclaradas, que apuntarían a su asesinato a manos de sus camaradas molestos por sus denuncias sobre tráfico de drogas.

Los líderes paramilitares han advertido que no irán a la cárcel, mientras todavía está pendiente una ley para resolver su futuro jurídico.

«El proceso concluye cuando todos nos hayamos incorporado a la vida civil», indicó Mancuso en la ceremonia que se realizó dentro de una gran carpa azul montada en esta localidad a 350 kilómetros al noroeste de Bogotá.