Los Gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) heredaron deudas con numerosos contratistas de obras estatales y al mismo tiempo generaron nuevos acreedores.

Lo propio está ocurriendo con el actual Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con la peculiaridad de que las obras estatales que se han contratado en lo que lleva el presidente Luis Abinader en el poder no tienen problemas de deudas por cobrar.

Sin embargo, los Gobiernos del PLD y el del PRM llevan una carga funesta relacionada con la negativa a saldar esas deudas, que en algunos casos pasan de los 25 años. Una etapa que merece el calificativo de reprensión estatal.

Durante los Gobiernos peledeístas se suicidaron unos 19 contratistas de obras estatales que fueron afectados por serias situaciones ocasionadas por la falta de pago por parte de las instituciones gubernamentales contratantes.

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Respecto al actual Gobierno la situación no es tan trágica, pero no escapa de lo funesto, pues en lo que va de Gobierno del presidente Abinader han fallecido los colegas Carlos Diloné Carvajal (24/8/2022), Enrique Estrada Gómez (101/11/2020), Gilberto Henríquez Aquino (06/08/2022), Carlos Juan Haddad Uceta (02/02/2022), Benny Basilio Peet’s Devers (19/05/2022), Flavio Ramos (03/08/2021) y Francisco Rodríguez López (02/02/2022).

Es a partir de esos fallecimientos que el Comité Institucional Codiano (CIC) en todos los documentos que genera en las tramitaciones de cobro de las deudas, los concluye con la expresión: “Queremos cobrar en vida”.

Esa página de luto en la historia de los Gobiernos que ha tenido el país en las últimas tres décadas, bien pudiera ser cerrada por el presidente Abinader, quien prometió en el 2015 y 2019 buscar una solución. En el 2020, a instancia suya, se le entregó al Ministerio de la Presidencia una relación de las deudas depuradas.

Es inconcebible que los funcionarios del gobierno empoderados por el presiente Abinader, en los tres años que llevan en el poder no hayan solucionado la situación y se citan comentarios de que solo si se recibe la orden presidencial se procedería a pagar.

Es harto conocido que durante décadas los funcionarios gubernamentales ligados a la construcción no pagan deudas que no sean aprobadas por el primer mandatario.

También es conocida la vieja costumbre de que normalmente esos funcionarios se niegan a pagar deudas viejas para crear condiciones que les permiten extorsionar a los acreedores con la exigencia de pagar altos porcentajes.

Particularmente estoy seguro de que el presidente Abinader, a quien conozco desde 1984, terminará con el suplicio de los colegas contratistas.

Hemos perdido el patrimonio adquirido durante décadas de trabajo y se nos han cercenado las posibilidades de desarrollarnos, a tal extremo que no podemos participar en los sorteos de obras estatales.

Presidente Abinader, cambie la imagen de mala paga que tiene el Estado!!! Démosle utilidad a los miles de millones de pesos que han devuelto los funcionarios corruptos del pasado gobierno.

Queremos cobrar en vida!