Un cronista de este diario escribió ayer que el poblado y antiguo barrio Los Mina, localizado en la región metropolitana, sufre un déficit de atención. Y luego describe el mal estado de las calles, la escasez de agua potable y la acumulación de basura en las vías públicas y en los frentes de las viviendas. Este sencillo pero deprimente cuadro puede atribuirse a la mayoría de las barriadas de la capital de la República y de las 31 provincias y sus municipios.

Si usted añade el estado de muchas escuelas, la falta de aulas, el mal servicio hospitalario y la ausencia del Estado, entonces no se alarme por lo que usted ve y por lo que de seguro vendrá.  La razón es elemental y ampliamente conocida: la sociedad dominicana carece de atención gubernamental y los municipios apenas  reciben el 6% de los impuestos que pagan los ciudadanos y ciudadanas. Este malestar, estas carencias, esta manera tan gravosa y perversa de vivir es, a nuestro juicio, la principal causa del ambiente de ingobernabilidad que se acumula y que se expresa de múltiples maneras en distintos puntos del país.

Los dominicanos tienen derecho a clamar y a reclamar, y deben hacerlo. Tienen derecho a reclamar una mejor condición de vida, tienen derecho a decirle al gobierno, hasta que sean escuchados, que cada dominicano y cada dominicana tienen  derecho a vivir con higiene, con calles adecuadas, con agua potable, con escuelas, con hospitales para curar sus enfermedades y con la posibilidad de conseguir un trabajo salarialmente digno.

Los dominicanos y dominicanas tienen que rebelarse contra la vida que llevan. Hay que frenar la pobreza y hay que rechazar toda política económica que tienda a perpetuarla, como ha sido hasta ahora. Se hace necesario pedirle al gobierno, tantas veces como la sordera oficial lo requiera, que no tiene derecho a invertir los fondos públicos al margen de las necesidades fundamentales de las personas y de la sociedad en su conjunto.

Veamos esto: en los ocho años que van del 2000 al 2007, los ciudadanos han pagado poco más de 960 mil millones de pesos por concepto de impuestos. Pero estos fondos, que niegan la versión de que se carece de dinero, han sido gastados sin que las condiciones de vida de la gente hayan mejorado de manera notable. Porque los gobiernos han tenido sus “prioridades”, casi siempre vinculadas a la vocación clientelar de quienes los dirigen.