El descubrimiento de que decenas de miles de ciudadanos, generalmente pobres o desvalidos, están en realidad fuera de la protección a la salud que creían haber contratado; víctimas de falsos representantes de entidades reconocidas del régimen contributivo; una hazaña delictiva que hiere sensiblemente a la sociedad y no debe quedar impune. Y aún más: tratándose en muchos casos de ciudadanos que padecen enfermedades graves con riesgos de morir en desamparo el Estado debe enfocar la mayúscula defraudación como causa de una emergencia humanitaria que amerita su actuación.

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Las consecuencias de esta vileza que sorprendió en su buena fe a gente que hacía pagos regulares por una cobertura basada en documentos falsos deberían ser conjurados con medidas administrativas que el Ministerio de Salud Pública está en capacidad de tomar institucionalmente.

Al tiempo de emplearse a fondo para que caiga todo el peso de la ley sobre la asociación de malhechores que seguramente ha estado haciendo estafas a diestra y siniestra, las autoridades deben estudiar la situación de extrema necesidad y riesgo mortal de cada víctima de las fechorías para su posible ingreso al programa del gobierno que financia, con mucho sentido de responsabilidad social, atenciones a enfermedades catastróficas.

El Seguro Nacional de Salud (SENASA) es herramienta estatal eficaz para extender la protección sanitaria a los dominicanos sin una estricta obligación de pagar por ella.