WASHINGTON (EFE).- Dos tribunales estadounidenses dieron ayer un importante golpe a la política del Gobierno del presidente George W. Bush de negar derechos elementales a los denominados «combatientes ilegales» detenidos en relación con el terrorismo.

En San Francisco, una Corte de Apelaciones dictaminó que los detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba) tienen derecho a asistencia letrada y a acceder al sistema judicial de EEUU.

Previamente, en Nueva York una instancia similar rechazó la consideración del estadounidense José Padilla, detenido en EEUU por su presunta relación con Al Qaida, como «enemigo combatiente».

Las decisiones, aplaudidas por grupos humanitarios, suponen un revés al Gobierno, que mantiene a unos 660 hombres presos sin cargos y sin derecho a asistencia letrada con el argumento de que son «combatientes ilegales» y no prisioneros de guerra.

La mayoría de ellos están detenidos e incomunicados en la base naval estadounidense de Guantánamo, a donde llegaron desde Pakistán y Afganistán tras ser capturados por las tropas de EEUU por su presunta relación con los talibán y la red terrorista Al Qaida.

La decisión de la Corte de San Francisco se produjo en respuesta a la petición de un familiar de un prisionero de nacionalidad libia de que se revise su caso, teniendo en cuenta que la detención indefinida es contraria a los principios judiciales de EEUU.

El juez Stephen Reinhardt argumentó que «incluso en momentos de emergencia nacional -de hecho, particularmente en esos momentos – el Poder Judicial tiene la obligación de preservar nuestros valores constitucionales (…) para nacionales y extranjeros por igual».

«Simplemente no podemos aceptar la posición del Gobierno», añadió el magistrado, quien rechazó la visión de que «el poder Ejecutivo tenga la autoridad sin obstáculos de encarcelar indefinidamente a cualquier persona, incluidos los ciudadanos extranjeros».

El juez Reinhardt consideró que es contrario a la ley que no se permita a los prisioneros «el recurso a cualquier tipo de foro judicial, o incluso acceso a asistencia, independientemente de la extensión o la modalidad de su confinamiento».

La decisión se conoció poco después de que una corte federal de Nueva York dictaminara que el Gobierno no tiene derecho a mantener preso en una instalación militar a José Padilla, estadounidense detenido en territorio de EEUU, acusado de relación con Al Qaida.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito argumentó que el Gobierno no tiene autoridad para detener a un estadounidense de origen puertorriqueño en su territorio bajo la consideración de «combatiente enemigo».

Por ello, ordenó su liberación en un plazo de 30 días de la custodia militar bajo la que ha estado desde su detención, aunque deja libertad al gobierno para transferirlo a una instancia civil y que ésta considere si debe presentar cargos en su contra.

El Gobierno estadounidense anunció a continuación que apelará la decisión del tribunal neoyorquino sobre Padilla, que está detenido desde su arresto en una base naval de Carolina del Sur.

El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, consideró hoy que la decisión del tribunal de Nueva York es «preocupante y errónea», e informó de que Bush «ha instruido al Departamento de Justicia para que intente lograr una suspensión y una revisión judicial».

Padilla, detenido en el aeropuerto de Chicago procedente de Pakistán, fue acusado por las autoridades de planear la detonación de una bomba radiactiva de baja intensidad en suelo estadounidense.