El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, se convirtió hoy en el único imputado en el caso Operación Calamar que pese a no haber negociado con el Ministerio Público, como hicieron otros 14 acusados, recibió como medida de coerción la prisión domiciliaria, presentación periódica y garantía económica.

El otro caso que constituye una excepción frente al tratamiento general de los imputados es el de Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República , contra quien la jueza de Instrucción Kenya Romero dictaminó como medida de coerción presentación periódica y garantía económica.

Defensa de Gonzalo

Gonzalo Castillo narró el “terror” vivido desde que perdió las elecciones en el 2020.

“Desde entonces he estado sometido a ataques públicos despiadados que a veces me da temor entrar a la computadora y buscar algún tema de interés en Youtube porque lo que ponen de mí son cosas que me aterrorizan, mentiras de envergaduras indescriptibles”, dijo . Agregó que eso lo obligó a enviarle el 8 de septiembre una carta a la procuradora general Miriam Germán, poniéndose a disposición de la justicia para todos lo que requiera de él.

Habló de su vida familiar, empresarial y política; de sus principios éticos y morales; de lo exitoso de sus empresas. Dijo que ha salido dos veces del país, lo ha notificado y ha regresado; y ha estado atendiendo y enfrentando siempre sus responsabilidades.

“Aquí estaremos siempre prestos para dar el frente y cumplir..”, dijo Gonzalo Castillo.

Los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

Prisión preventiva

En el caso de los ex ministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este martes prisión preventiva por 18 meses.

El cumplimiento de esta medida de coerción será en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Prisión domiciliaria

Mientras, tal y como había solicitado el Ministerio Público, 14 de los 20 imputados en Operación Calamar que admitieron su culpa y lograron acuerdos , recibieron prisión domiciliaria como medida de coerción.

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Medidas de coerción impuestas en caso Operación Calamar

A continuación la lista con las medidas:

Donald Guerrero: 18 meses de prisión preventiva.
José Ramón Peralta: 18 meses de prisión preventiva.
Gonzalo Castillo: arresto domiciliario, presentación periódica y garantía económica.
Daniel Omar Caamaño: presentación periódica y garantía económica.
Luis Miguel Piccirilo: arresto domiciliario, impedimento de saluda del país y garantía económica.
Aldo Antonio Gerbasi: arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Claudio Silver Peña: arresto domiciliario y garantía económica.
Oscar Chalas Guerrero: Impedimento de salida y presentación periódica.
Julián Omar Fernández: Impedimento de salida y presentación periódica
Roberto Santiago Moquete: arresto domiciliario y garantía económica.
Agustín Mejía Ávila: arresto domiciliario y garantía económica.
Emil Dávila Fernández: arresto domiciliario y garantía económica.
Marcial Reyes: arresto domiciliario y presentación periódica.
Alejandro Constanzo: arresto domiciliario y garantía económica.
Yahaira Brito Encarnación: arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Ana Linda Fernández: Impedimento de salida y presentación periódica.
Ángel Lockward: arresto domiciliario y garantía económica.
Ramón David Hernández: arresto domiciliario y garantía económica.
Víctor Matías Encarnación: arresto domiciliario y garantía económica.
Rafael Parmenio Rodríguez: arresto domiciliario e impedimento de salida del país.

Acusación

A Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y a los demás 17 imputados en este caso Calamar, el Ministerio Público les imputa ser parte de una «red de corrupción» que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.

Sobre Operación Calamar

Se trata de un presunto entramado de corrupción denunciado por el Ministerio Público que distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.