Los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, este ultimo excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), enfrentan la acusación de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos, entre otros.

El Ministerio Público (MP) ha denominado este caso de corrupción como Operación Calamar en el cual están implicados un total de 19 personas quienes habrían sustraído 19,000 millones de pesos del erario publico, a través de varias instituciones por medio de pagos ilegales de expropiaciones de terrenos y cubicaciones falsas de obras, según la solicitud de allanamientos autorizados por la jueza Kenya Romero.

Peralta, fue ministro Administrativo de la Presidencia, Castillo fue ministro de Obras Públicas y Guerrero ministro de Hacienda.

El MP afirma que Gonzalo Castillo habría recibido $3,957,000,000 del imputado Manuel Emilio Jiménez (Mimilo), para financiar su campaña política en 2019 y 2020. Ese dinero dice que los recibió en efectivo: “en bolsas y maletas de viajes confirmándose su participación en la estructura de corrupción donde se obtenía fondos públicos de manera fraudulenta para posteriormente invertirlos en campañas políticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales”.

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Agrega que “El investigado recibió sumas millonarias del Estado dominicano, de los fondos que él sabía eran ilícitos y que por demás era acción típica de financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, ya que los fondos no fueron reportados en el informe de financiamiento realizado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.

Precisa que “La indicada partida proveniente de los procesos fraudulentos de expropiaciones destinada al financiamiento ilícito de campañas del investigado Gonzalo Castillo y para operaciones de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, a través de la cual se efectuaba el lavado de capitales se le conocía con el nombre ‘’Parte Oficial’’ y representaba el 30% de los ingresos de los procesos de expropiación que se realizaron de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda, recibiendo el investigado Gonzalo Castillo la cantidad aproximada de tres mil novecientos cincuenta y siete millones de pesos (RD$ 3,957,000,000.00).

El Ministerio Público tiene evidencia de que el investigado Gonzalo Castillo, recibió esta cantidad en efectivo, en la mayoría de los casos de manera personal, de manos de Mimilo Jiménez, era frecuente que Gonzalo Castillo llamara y pidiera más y más recursos a sabiendas de la procedencia ilícita de estos fondos distraídos del Estado”, señala el MP.

En total se acusa a Castillo de recibir 6,457,000,000 de manera ilegal.

Donald Guerrero

En cuanto a Donald Guerrero el MP le imputa dirigir una estructura que hacía cobros ilícitos a las bancas deportivas, de loterías y a los colmadones, quienes debían pagar una mensualidad; de lo contrario serían cerrados por Hacienda. También de coordinar pagos para obras sobrevaluadas o inexistentes y las expropiaciones de terrenos ilegales, fondos que eran usados para el financiamiento de la campaña política y enriquecimiento personal.

En la acusación se afirma que Guerrero solicitó al ingeniero contratista del Estado Bolívar Ventura, fondos para las elecciones internas del 2019 y, que a cambio le pagarían una parte de la deuda que el Gobierno tenía con él; recursos que supuestamente irían para la campaña interna del PLD, específicamente en apoyo al entonces precandidato Gonzalo Castillo, “lo que evidentemente constituye una estructurada operación de soborno”.

Ante la insistencia de Guerrero, Ventura alegadamente entregaría la suma 527,694,838, suma que fue distraída luego del Estado. Ante la advertencia de Ventura de que no podría manejar tanto dinero en efectivo por la Ley contra el Lavado d Activos, los acusados contactarían al administrador del estatal Banco de Reservas, Simón Lizardo para “lo que sería el inicio de la operación de lavado más grande”.

A cambio Ventura obtendría el pago de 30 obras que supuestamente le adeudaba el Estado desde hacía varios años “para justificar pagarlas a través de acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales, aunque en realidad eran cubicaciones maniobradas con falsedad de contenido”. Ventura habría obtenido pagos de RD$ 2,185,489,598, de los cuales entregó cerca de RD$ 1,231,933,188.

José Ramón

Según el MP Peralta junto a Guerrero y Gonzalo, “ actuando desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, serían las cabezas operativas de la estructura creada en las entrañas del Poder Ejecutivo, donde los investigados en su función de administradores públicos prevaricaron y se coalicionaron a los fines de desfalcar y estafar al Estado dominicano; de igual manera recibieron sobornos millonarios con el fin de enriquecerse ilícitamente y financiar ilícitamente la campana”.

A José Rafael Peralta el Ministerio Público le atribuye haber ordenado que se convoque a Ventura para que hiciera los pagos bajo el esquema de deudas administrativas falsas.