WASHINGTON. AP. Google apeló enérgicamente hoy la orden del gobierno federal de silenciar su programa de espionaje al internet, señalando que la Constitución le da derecho a revelar cuántos pedidos recibe del gobierno de datos sobre sus clientes en nombre de la seguridad nacional.   

Google presentó una moción a la Corte de Supervisión de la Inteligencia Extranjera, un tribunal secreto conocido como FISA por sus siglas en inglés.

El motor de búsquedas intenta recuperar su buen nombre luego de ser identificado como una de las nueve compañías estadounidenses de internet que dio acceso a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) a información sobre sus clientes.

Las revelaciones sobre el programa, conocido como PRISM, por un ex contratista de la NSA han generado un amplio debate sobre el derecho de las comunicaciones privadas a no estar sometidas a la vigilancia gubernamental.   

La difusión de los pedidos de datos revelaría cuántos son los usuarios o las cuentas de Google afectados por el espionaje estadounidense. Pero no respondería a interrogantes cruciales acerca de cuánta es la información revelada y si información perteneciente a estadounidenses ha pasado a formar parte de investigaciones de blancos extranjeros.   

“El buen nombre y el negocio de Google se han visto perjudicados por informes falsos o engañosos en los medios, y los usuarios de Google están preocupados por las denuncias”, dijo la compañía en su moción. “Google debe responder a tales denuncias con algo más que generalidades”.   

Google ha revelado en el pasado el número de pedidos de datos formulados por la policía.   

La compañía dijo en un comunicado el martes que “juntar los pedidos de seguridad nacional con los pedidos criminales —como se les ha permitido a algunas compañías— sería un retroceso para nuestros usuarios”.   

Alex Abdo, abogado con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) dijo que las compañías tecnológicas deberían estar autorizadas a divulgar la mayor cantidad de detalles que fuera posible y el gobierno debería dar a conocer su justificación legal del programa de vigilancia.   

“La opinión pública tiene derecho a saber más sobre los amplios programas de vigilancia del gobierno para poder juzgar por su cuenta si son necesarios y legales”, dijo Abdo en un comunicado.