“La transparencia, capacidad técnica y de gestión de la Junta Central Electoral es un salto cualitativo en la institucionalidad del Estado dominicano”, Bernardo Matías.

Gracias al talante institucionalista del presidente Luis Abinader nuestro pueblo exhibe hoy orgullosamente ante el mundo que acaba de celebrar unas elecciones generales muy bien valoradas por estadistas e instituciones de reputación democrática mundial.

Las elecciones municipales celebradas el pasado 18 de febrero brillaron por su legalidad y pureza, sin que se produjera una sola impugnación.

Los testimonios de respetables politólogos y académicos como Cándido Mercedes y Bernardo Matías, y de las misiones de observación de Iniciativa Democrática de España y las Américas, de la Organización de Estados Americano, OEA, y de Alianza Progresista, que aglutina a líderes políticos y estadistas de más de 140 países de los 5 continentes son suficiente aval del proceso.

El pueblo dominicano y el mundo democrático saben que nuestras elecciones municipales de 2020 fueron suspendidas en pleno desarrollo por “fallas técnicas”, cuando todos estamos conscientes de que las computadoras, servidores y aplicaciones no cometen fallas a menos que sean programados previamente por los humanos.

Esas “fallas técnicas” fueron parte de la vieja cultura de fraudes electorales cuando las elecciones eran dirigidas por dirigentes políticos como Pompilio Bonilla Cuevas, Leonardo Matos Berrido y Roberto Rosario, destacados por actuaciones ilegales en favor de sus partidos.

Esos políticos manipulando procesos electorales que provocaron la reducción del mandato de Balaguer a 2 de los 4 años que establece la Constitución, debido a las comprobadas maniobras fraudulentas en las elecciones de 1994.

Se produjo en ese proceso el dislocamiento de un significativo número de electores que no pudieron sufragar en sus mesas electorales, ocasionando una resolución de la Junta Electoral del Distrito Nacional, que entonces incluía más del 30% del electorado, anulando las elecciones en la demarcación.

También se publicó la aparición de miles de cédulas en sacos y cerones abandonados en cañadas, cédulas compradas o despojadas por policías y militares a jóvenes simpatizantes del candidato opositor José Francisco Peña Gómez.

De aquellas actuaciones sonoras resuenan la condición que puso el presidente Joaquín Balaguer de que en las elecciones de 1996 su Partido Reformista manejara los recintos y mesas electorales para poder garantizar la imposición de Leonel Fernández como presidente de la República, y cerrarle el paso a José Francisco Peña Gómez.

En aquellas “elecciones”, el presidente Balaguer designó de nuevo jefe de la PN a su seguidor político el general Enrique Pérez y Pérez, quien había pasado a la vida civil, para que persiguiera y reprimiera a electores simpatizantes del Dr. Peña Gómez.

Otra situación totalmente divorciada de la justeza y legalidad con que deben organizarse y celebrarse las elecciones, es que en el reinado de 20 años de Leonel Fernández y Danilo Medina se produjo un asalto al pleno y a las estructuras administrativas de la Junta Central Electoral.

Todo ese condicionamiento fraudulento de las elecciones se producía gracias a que antes de la llegada al poder de Luis Abinader, los presidentes Balaguer, Fernández y Medina hacían un reparto de los jueces de la JCE, dándole a la oposición representaciones simbólicas, mientras ellos se quedaban con las mayorías decisorias de los plenos electorales y todas las estructurasadministrativas .

Y es en ese momento en que siendo ya Luis Abinader candidato y luego presidente de la República Dominicana y rechaza el reparto de los jueces y mantuvo firme la posición de que en los tribunales electorales, de justicia y de otros arbitrajes de la sociedad estén magistrados y no dirigentes políticos.

Y es de ese nuevo proceso de donde salen los actuales directivos de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral que han organizado el proceso del que la sociedad dominicana se siente tan orgullosa.

Hay razones para dar gracias al presidente Abinader por haber tenido el coraje cívico y la determinación institucionalista de ponerle fin a los fraudes y las irregularidades de todo tipo que antes se hacían desde la Junta Central Electoral.