Según el Banco Mundial, en el país un tercio de los jóvenes de entre 15 y 24 años están desempleados. De otras fuentes se conoce que al menos 660 mil muchachos en esa franja de edades ni estudia ni trabaja, y que el 80% de los que tienen empleos trabajan en el sector informal, sin acceso a las prestaciones sociales y económicas que garantiza el sector formal de la economía. Todo eso pasa en un país que en el último decenio mantuvo crecimiento económico promedio anual del 6.7%.

Al margen de la necesidad de incrementar los salarios de los que tienen empleo, como lo planteó recientemente el Presidente de la República, el país tiene tomar decisiones que permitan enfrentar la prioridad de crear plazas de trabajo los jóvenes. Es necesario trabajar para atenuar los factores que estimulan la deserción académica, entre los cuales está, por supuesto, la falta de oportunidades para obtener el primer empleo.

Cuando las autoridades trazan estrategias para combatir la delincuencia, necesariamente tienen que considerar que la falta de empleo es un factor de vulnerabilidad que aproxima a nuestros jóvenes a las tentaciones de prácticas reñidas con el ordenamiento social, pero que facilitan de manera ampulosa el acceso a bienes necesarios y de lujo. En este contexto el país tiene un inaplazable reto social y económico.

EN BIEN DE LAS GARANTÍAS DE LEY

El Consejo del Poder Judicial ha dado un paso acertado al disponer, mediante la resolución 17/2015, de vigencia transitoria, que la ejecución de sentencias que ordenan embargo, expulsión o desalojo sea realizada con auxilio obligatorio de la fuerza pública. La decisión pone fin a la práctica ilegal de desalojos en los que alguaciles actuaban acompañados de personas sin autoridad, en ocasiones constituidas en turba y que provocaban consecuencias no contempladas en la sentencia en ejecución.

La resolución es transitoria porque está pendiente de conocimiento del senado un proyecto de ley sobre esta materia, aprobado de urgencia en julio pasado por la Cámara de Diputados y que forma parte de las adecuaciones pendientes ordenadas por la Constitución vigente. Se ha dado un paso acertado en bien de las garantías jurídicas.