Grave

Grave

Constituye un hecho muy grave el que civiles armados se hayan enfrentado a balazos con la fuerza pública en San José, provincia Espaillat, durante el paro de labores efectuado en Licey al Medio.

Es una insensatez que una paralización para demandar obras contenga matices de violencia tan graves como el uso de armas de fuego para agredir a la autoridad.

Aquí, por una terrible distorsión de conceptos que debemos a las influencias políticas, las huelgas y paros se han caracterizado por incluir el ingrediente de la violencia brutal por medio de agresiones, daños a propiedades públicas y privadas y provocación contra las autoridades.

Si en Licey al Medio los puntos de demanda que motivaron el paro se limitaban a obras viales, no hay nada que justifique la exhibición y uso de armas por parte de civiles, a no ser que la exigencia de obras fuese solo un camuflaje para encubrir otros propósitos a poco tiempo de las elecciones congresionales y municipales.

Para preservación de la seguridad pública, los organismos de seguridad del Estado están en el deber de investigar a fondo todas las circunstancias que han mediado en esta indeseable ocurrencia, para que la Justicia se encargue de imponer las sanciones de lugar.

Que civiles armados enfrenten la fuerza pública en medio de un paro para demandar obras es una ocurrencia que no puede dejarse escurrir sin una reacción enérgica y valerosa de la Justicia. Permitir que esta acción grave quede impune sería abonar el terreno de la imitación, de la repetición, en perjuicio de la seguridad de todos.

Causa y efecto

Al margen de que haya razones que justifiquen que se someta a revisión el Código Procesal Penal y se analice con ojo crítico el comportamiento de quienes deben aplicar y hacer cumplir estas normas, es necesario convocar a una revisión de las causas que tienen como principal efecto el actual repunte de criminalidad y delincuencia.

Un código procesal es un instrumento a aplicar sobre los efectos, a partir de la consumación de las violaciones a las normas de convivencia social establecidas. Establece las directrices para juzgar individuos por el hecho cometido.

¿Y qué hacer con las causas que motorizan el delito, el crimen?

Las pautas procesales son un medio de autodefensa, de protección que se dan las sociedades para resguardar sus normas de convivencia. ¿Estamos acaso actuando en consecuencia en cuanto a crear los instrumentos necesarios para evitar que germinen el crimen y la delincuencia?

Las oportunidades de trabajo, educación, salud y otras prerrogativas conforman una especie de código que, al satisfacer las necesidades vitales de los individuos y sus familias, evitan que los medios de vida tengan que ser buscados y adquiridos mediante la violación de las reglas de convivencia. Afinar el Código Procesal Penal podría ayudar a sancionar con mayor precisión los hechos, solo los hechos consumados, pero jamás las causas, esas malditas causas.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas