Hoy 
La denuncia hecha por el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, de que delincuentes internacionales obtienen aquí actas de nacimiento y cédulas para evadir persecución, debería motivar una profunda investigación.
Que narcotraficantes y criminales actúen de esa manera es algo comprensible y natural, tomando en cuenta el particular interés de ocultamiento que suele mediar en la gente perseguida por la ley.
Lo más grave es que estos actos de falsedad encuentren complicidad y contubernio de parte de personal al servicio de las oficialías de estado civil y otras dependencias especializadas en la identificación y registro de ciudadanos.
Lo menos que puede ocurrir es que se fortalezca la supervisión en las oficialías, para impedir que continúe la expedición irregular de actas de nacimiento y otros documentos de identificación y registro de ciudadanos.
El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira, ha confirmado que ese organismo ha arrestado a traficantes de drogas con varias cédulas de identidad y electoral y que conjuntamente con el Departamento Nacional de Investigaciones se indaga varios casos de ese tipo.
Las investigaciones –ha dicho el presidente de la DNCD- han permitido establecer la verdadera identidad de algunos de los traficantes de drogas con múltiples cédulas.
Habida cuenta de la gravedad de este caso, el presidente de la Junta ha pedido la cooperación de la Procuraduría General de la República, para que personal del Ministerio Público revise con más frecuencia los libros de registro de actas en las oficialías.
Es preciso desarticular el tinglado que está facilitando que delincuentes perseguidos por la Justicia puedan proveerse de falsa identificación.
No se trata únicamente de casos de falsedad en escritura y uso de documentación falsificada, sino de una falta muy grave cometida por personal que debería servirle al Estado con honradez.
Estas ocurrencias deberían servir para justificar una evaluación del personal de las oficialías y otras dependencias y el establecimiento de controles más rigurosos en las mismas.
Que se investigue
El periodista Julio Martínez Pozo ha denunciado ante la Procuraduría General de la República que existiría una trama para asesinarle en la que estaría involucrada gente del Gobierno.
Martínez Pozo, que forma parte del personal del programa «El gobierno de la mañana», hace un uso intensivo de su derecho de opinión y comunicación y esa circunstancia lo hace entrar en fricción con muchos intereses.
Las autoridades, por tanto, están en el deber de establecer la veracidad de su denuncia y tomar las medidas que permitan garantizarle su integridad y el derecho que tiene a ejercer un periodismo combativo.
El ejercicio del periodismo, sobre todo del tipo a que se dedica Martínez Pozo, tiene riesgos que no deben ser ignorados ni subestimados. Que se investigue su denuncia.
