El Departamento de Estado ha divulgado en estos días su informe anual sobre violaciones de los derechos humanos en diversas partes del mundo, excluyendo, por supuesto, las imputables a los Estados Unidos.

En ese documento, a la República Dominicana se la encasilla entre los países reincidentes en la violación de los derechos individuales, particularmente el de la vida.

Las ejecuciones sumarias practicadas en número preocupante por la Policía Nacional y definidas rutinariamente como «intercambios de disparos», sirven de principal soporte a la reprimenda dedicada a este país caribeño.

En el plano interno, esta facultad que se arroga Estados Unidos, de encasillar, clasificar y descalificar, ha provocado reacciones variopintas, algunas de ellas contradictorias con la práctica y el ejercicio de una autoridad de la más alta competencia en la dilucidación de los casos de irrespeto de los derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida.

Lamentablemente, la rutina ha sido dejar que la propia Policía defina las figuras que corresponden a estos hechos de sangre.

Por razones históricas y de origen la Policía Nacional, en cuya integración intervino Estados Unidos, ha sido proclive a la truculencia desde que fuera creada en la llamada «Era de Trujillo». Hasta ahora, ha habido pocos cambios de fondo en su comportamiento.

A la actual jefatura policial hay que reconocerle sus esfuerzos por moralizar los actos de la gente que tiene por deber enfrentar y combatir el delito, aunque es innegable  que se ha dejado seducir por la alharaca de quienes la estimulan para que actúe con mano dura contra la delincuencia, dureza de la que devienen las ejecuciones sumarias.

-II-

Las cosas tienen otro matiz en el Ministerio Público, en el cual sí ha habido notables cambios de forma, de fondo y de protagonismo en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia.

Sin embargo, a pesar de que el Ministerio Público encarna la jefatura suprema en materia de investigación criminal, en lo que concierne al informe del Departamento de Estado su reacción no se corresponde con la práctica ante las ejecuciones sumarias cometidas por policías.

Es penoso que, a pesar de toda su autoridad en materia de investigación, el Ministerio Público se haya mantenido indiferente ante los casos de muertes de civiles a manos de policías y amparadas en la desmeritada figura del «intercambio de disparos». No quiere esto decir, en modo alguno, que se dude de que se hayan producido reales enfrentamientos, desencadenados por delincuentes.

No se tiene constancia alguna de que el Ministerio Público haya reaccionado para investigar cuáles sucesos corresponden a legítima defensa y cuáles a ejecuciones, ni siquiera en aquellos casos en que parecen inocultables los elementos que tipifican el homicidio premeditado, el asesinato.

Esta actitud del Ministerio Público, que deberá cambiar radicalmente para ponerse en armonía con las facultades que le otorga el Código Procesal Penal, deja mal paradas sus recientes críticas contra el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, a propósito del informe del Departamento de Estado, toda vez que no ha actuado para disuadir estas prácticas.

Para el Ministerio Público no es elegible, sino deber ineludible, la investigación de aquellas acciones con rasgos de abuso de autoridad o ejecución sumaria, de las cuales está este país abrumado. No actuar en estos casos constituye una grave omisión que estimula reincidencia.