ATENAS (AFP).- El gobierno griego jugaba este miércoles su última baza en la partida con los acreedores privados un día antes del vencimiento del plazo para condonar voluntariamente más de la mitad de la deuda soberana en sus activos y evitar que el país declare la suspensión de pagos.

Desde los pequeños tenedores de títulos griegos, arrastrados a este gran juego financiero, a los grandes bancos internacionales, la tensión sube, al calor de declaraciones contradictorias y del nerviosismo bursátil, mientras la Grecia oficial sigue presionando.

Salvo que se prorrogue en el último minuto, lo que ha Atenas ha descartado, el veredicto caerá el jueves a las 20H00 GMT en el caso de los títulos de derecho griego, un 88% del total de cerca de los 206.000 millones de euros de deuda en juego, mientras que los de derecho extranjero tienen hasta el 11 de marzo.

El martes, la agencia griega de gestión de la deuda pública, la PDMA, subió el tono: «el programa ecómico griego no contempla disponer de fondos para reembolsar a los acreedores del sector privado que rechacen participar» en la operación que pretende borrar 107.000 millones de euros de los 350.000 millones de la deuda griega, advirtió en un comunicado.

Para el diario Kathimerini, Atenas ha advertido a los acreedores que se exponen al final a perder la práctica totalidad de sus inversiones, en vez de limitar los daños a alrededor del 73%, como previsto en los términos de la operación.

El miércoles, mientras la prensa desgranaba las listas de instituciones financieras extranjeras que han anunciado su participación en el programa, un portavoz gubernamental, Giorgos Stavropoulos, manifestó su optimismo: «yo creo que todo va a ir bien, las informaciones que tenemos son positivas», dijo a la radio Skai.

La operación «debe desarrollarse sin problemas» ya que «sigue siendo interesante financieramente para el sector privado», confirmó el comisario europeo de Asuntos Monetarios Olli Rehn en una entrevista publicada el miércoles por el diario francés Le Figaro.

Grecia y la zona euro necesitan que al menos el 75% de los bancos y los fondos privados participen en la operación de canje, porque por debajo de ese nivel, habrá sido un fracaso, exponiendo al país a la bancarrota a partir del 20 de marzo, fecha en que vencen 14.500 millones de euros que Grecia no podrá reembolsar.

Según un informe del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que ha dirigido las negociaciones de este acuerdo, conocido como PSI, el fracaso daría un duro golpe a la economía europea y mundial.

Difundido oportunamente el lunes, el estudio cifra en 1 billón de euros el costo de una bancarrota en Grecia.

En el frente interno, las presiones del gobierno han tenido sus resultados: al término de una reunión con los directivos de los seis principales bancos del país, el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, se jactó de haberles convencido aceptar todos los títulos.

Según la prensa, algunas de estas instituciones querían excluir los préstamos de deuda acordados a las empresas públicas, que se elevan a unos 7.000 millones de euros.

Cinco pequeños fondos de pensiones de periodistas y fuerzas de seguridad griegos, con 2.000 millones de euros en deuda, se niegan a condonar voluntariamente más de la mitad de la misma, ya que no se creen las promesas del gobierno de compensar las pérdidas previstas, y temen recortes en sus prestaciones.

Unos cuarenta policías, que se manifestaban este miércoles en uniforme, ocuparon los locales de la caja de pensiones en Atenas en apoyo a esta decisión.

«No al saqueo de fondos», proclamaba una pancarta colgada de la fachada del edificio.

En cambio, siete pequeños fondos de pensiones que tienen unos 2.700 millones de euros en deuda griega han anunciado que participarán en la operación y se aguardaba la respuesta de otros dos con 1.700 millones.

Venizelos se sorprendió del efecto causado por la negativa de estos pequeños fondos a participar: «¿el mercado internacional encuentra la oferta lucrativa, ¿qué mensaje enviamos?», espetó en una entrevista en la radio Realfm.