Hoy 
ENRIQUE GARCÍA FRÓMETA
Este 28 de marzo se cumplen 32 años del vil, vulgar, cobarde, premeditado y horripilante asesinato del periodista Gregorio García Castro, un crimen de Estado planificado por jefes militares con la participación de tres matones policías: un teniente que siguió cometiendo crímenes y dos cabos que siguen disfrutando de una vergonzosa libertad, con la complicidad de todos los gobiernos de turno y de un sistema judicial vulnerable, frágil y corrupto.
El teniente Juan María Arias Sánchez murió en La Victoria acusado de otros asesinatos, y los cabos Milton de la Cruz Lemus y José Rafael Pérez Pereyra andan como si nada, en virtud de una sentencia clandestina, dictada irregularmente el 20 de octubre del año 1980, sin la constitución de un juicio oral, público y contradictorio, y sin notificar a las partes; es decir, clandestinamente se dictó y se ignoraba este mamotreto hasta hace sólo tres años, cuando por insistencia nuestra y de varios medios de comunicación, entre ellos la revista Rumbo y los periódicos Ultima Hora y El Nacional, la Suprema Corte dispuso una investigación hasta que dio con la referida sentencia clandestina.
Es relevante en este asesinato político tanto la intención de perseguir las ideas independientes, la verdad y la valentía de denuncia permanente contra los atropellos de una dictadura semi-ilustrada como la del presidente Balaguer y sus genocidas generales, especialmente los que dirigieron La Banda, liderados por un monstruo más oscuro que la noche, así como el crimen mismo.
Es decir, crimen e impunidad han ido de la mano, generándose, posteriormente, otros crímenes contra otros periodistas, dos años más tarde (Orlando Martínez) y en el período de los 10 años de Balaguer la desaparición de Narcisazo.
El asesinato, planificado con asechanza, amenazas, premeditación, alevosía, persecución y emboscada, se produjo a las 9:20 p.m. del desgraciado miércoles 28 de marzo de 1973, previa llamada de un traidor para que Gregorio García Castro saliera a poner el carro más cerca porque le había avisado alguien que él le reveló al policía que cuidara el Listín, dejando Goyito la oficina de Ultima Hora abierta y su escritorio sin arreglar.
El estatus jurídico del expediente de Gregorio García Castro es la máxima expresión de impunidad y burla a la justicia como institución y como ideal de bien común.
En los últimos años, específicamente coincidiendo con los pasados aniversarios del crimen, o sea 28 de marzo del 2003 y 2004, llevamos respectivas instancias a la Suprema Corte de Justicia, vía el entonces Procurador General de la República, doctor Víctor Céspedes Martínez, en su calidad de Ministro Público ante el más alto tribunal, solicitando denunciar, investigar y pedir revisar la sentencia dictada clandestina e irregularmente el 20 de octubre de 1980, sin constitución de un tribunal, sin juicio oral, público y contradictorio y sin notificar a las partes, la cual denegó los recursos de casación bien fundamentados que se elevaron posterior al monstruoso descargo hecho en Santiago, una jurisdicción ajena al crimen, para desnaturalizar los hechos y evitar la concurrencia de todos los testigos y testimonios que se expusieron, incluyendo el de la valiente señora Altagracia Caridad González (Tatica), testigo principal del hecho.
Reiteramos este pedimento y lo haremos formalmente ante el actual Procurador General de la República, en virtud de que el Art. 305 del Código de Procedimiento Criminal lo faculta para pedir la revisión en materia criminal o correccional como medida extraordinaria, especialmente por que no existe otra vía (internamente) para la anulación de la sentencia clandestina y lograr que el hecho sea juzgado nuevamente. Otra vía posible de denunciar ésta irregular sentencia es la Corte Penal Internacional. Con el magistrado Procurador, doctor Francisco Domínguez Brito, agotaremos hasta las últimas consecuencias.
