La presencia de la gripe A H1N1 en el país nos coloca en una situación sanitaria de excepción. El manejo epidemiológico de la situación debe acogerse, en todo momento, a las normas y controles de la autoridad sanitaria, en este caso la Secretaría de Estado de Salud Pública. El reporte de los casos sospechosos o comprobados de contagio detectados en los centros asistenciales privados  es un acto obligatorio en las circunstancias epidemiológicas actuales. Del mismo modo, los antivirales que han resultado efectivos en el tratamiento de la enfermedad, por razones estratégicas y de seguridad, deben estar bajo control absoluto de la autoridad sanitaria.

Como situación sanitaria de excepción, su manejo debe sujetarse a normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como se ha estado haciendo en todos los países afectados. Las clínicas privadas deben, por tanto, acogerse a esas normas y procedimientos para ayudar a garantizar el control de la enfermedad mediante el aislamiento oportuno de los casos y el reporte oportuno a las instancias competentes. Al público le corresponde acoger las recomendaciones de las autoridades, de extremar la higiene personal, evitar por todos los medios la auto medicación  y  procurar sin pérdida de tiempo asistencia médica en caso de presentar síntomas de la enfermedad.

Bajo el asedio del crimen

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, y el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, tienen la convicción de que en el país ha aumentado el número de sicarios, es decir, gente que mata por paga. El crimen organizado en general y en particular el narcotráfico, son los principales responsables de pagar por ejecuciones para  ajuste de cuentas. La otra parte de la culpa corresponde a la autoridad, por su  incapacidad para prevenir y garantizar un mejor estado de seguridad ciudadana.

Es una realidad que el país vive bajo el asedio del narcotráfico y que éste genera en su entorno toda clase de crímenes, comenzando por el trasiego mismo de sustancias ilícitas. La pregunta crucial es qué puede hacer la autoridad para contrarrestar estas prácticas que se han ido multiplicando. El aumento del número de sicarios es un  indicador preocupante, que nos dice que son ineficaces las políticas de prevención.