POR ODALIS MEJIA
 Más de 200 refugiados políticos haitianos solicitaron ayer la intervención de organismos internacionales para que el gobierno dominicano les otorgue la documentación legal necesaria para tener una vida normal en el país.

En rueda de prensa, miembros del Comité de Refugiados Unidos por sus Derechos solicitaron una reunión con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para buscar una solución a la situación, que calificaron de «desesperante».

Blot Jean Ederme, vocero del comité, junto a varios miembros denunció que las autoridades dominicanas se niegan, además, a entregar a sus hijos las actas de nacimiento necesarias para inscribirse a estudiar, pese a que residen de forma legal y sus hijos nacieron en el país.

Alega que la mayoría de las solicitudes de documentos está estancada y en otros casos se les complica el proceso y se aplica una carga impositiva que excede sus posibilidades.

Para una renovación del permiso de residencia un refugiado tiene que pagar alrededor de RD$3,000 por año, según se informó, por lo que algunos han tenido que pagar hasta 40,000 pesos, debido a que tienen hasta 10 años en el país.

«A los refugiados se nos imposibilita llevar una vida normal, es decir estudiar, trabajar, casarnos, comercializar, por falta de documentación», argumentaron.

Criticaron que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) les ha dejado a la merced de la voluntad del gobierno dominicano en cumplir el compromiso internacional en lo referente a la protección de sus derechos.

Según los refugiados, el gobierno dominicano se niega a renovar la documentación expirada de refugiados con el argumento de que no aparecen sus expedientes.

“Esa es la realidad que los refugiados están viviendo en la República Dominicana, aunque la ex oficial de la ACNUR, Sandrine Dessamour, informaba que cada vez que se sentaba con los funcionarios de la Dirección de Migración estos se negaban rotundamente a su petición de facilitar una oficina para resolver los casos de los refugiados políticos, aunque el organismo estaba dispuesto a pagar los gastos del personal”, expresa el documento de los refugiados.

Pidieron al presidente  Leonel Fernández tomar en consideración el caso, ya que  los refugiados residen en la República Dominicana «sin ninguna esperanza».