El Comité Nacional para el Apoyo y Monitoreo de la Ley 169-14, “Plataforma 169”, afirmó que las autoridades violan el decreto 250-14, correspondiente al reglamento para realizar el proceso de inscripción y registro de hijos nacidos en el país de padres extranjeros en situación migratoria irregular.

En rueda de prensa, en el Centro Bonó, la Plataforma que agrupa a más de 20 entidades, advirtió que a los hijos de extranjeros se les exigen documentos que no contempla el decreto, mientras el calendario para la regularización avanza.

Este decreto, emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 23 de julio, establece el reglamento a seguir para que las personas nacidas en la República Dominicana de padres y madres extranjeros, que no tienen documentación, puedan obtener un documento que acredite su identidad, y eventualmente la nacionalidad dominicana por vías de la naturalización.

Sin embargo, las más de 20 organizaciones que componen “Plataforma 169” han identificado varias trabas en el proceso de implementación de este reglamento.

Indica que las oficinas que funcionan no reciben las solicitudes si no se entregan todos los documentos, contradiciendo así el artículo 13 del decreto, que establece un plazo de hasta 30 días para completar la solicitud.

El Comité también denuncia que se exige haber nacido antes del 19 de abril de 2007 para poder registrarse, sin embargo, “Ni la Ley 169-14 ni el decreto 250-14 establecen este requisito”.

En un documento entregado a la prensa, la entidad señala que se ha fallado en la implementación del decreto, porque no se reciben las solicitudes en la mayoría de los centros de atención y reina la desinformación en el proceso.

Exige que se acelere la implementación de la Ley, que se abran más centros y se desarrolle una campaña de información, para cumplir con la Ley en el tiempo establecido.

Señala que desde la publicación del decreto han transcurrido 29 de los 90 días y de las más de 100 mil personas que estarían llamadas a depositar sus solicitudes, alrededor de 200 han podido hacerlo.

A nivel nacional, solo 11 unidades habilitadas por el Ministerio de Interior y Policía funcionan para este proceso establecido en la Ley 169-14, y muchas de ellas de manera interrumpida, dejando fuera la zona fronteriza, donde más se concentra la población llamada a registrarse.

“Este retraso en la habilitación de los centros constituye una traba que contradice lo dispuesto en la Ley sobre ser “efectivo y expedito”, afirman.