Toronto. Los ministros de Exteriores de los 12 países del Grupo de Lima se reúnen este jueves en Toronto (Canadá) para “buscar una solución a la crisis venezolana” y se plantearán la ampliación de sus acciones contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El Gobierno canadiense, que es el anfitrión de la reunión junto con Perú, afirmó que quiere “mantener la presión sobre el régimen de Maduro y traducir su inquebrantable apoyo al pueblo venezolano en más acciones concretas».

A la reunión está previsto que asistan los ministros de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, ha dicho que aprovechará la presencia de los responsables de Exteriores de estos países para mantener reuniones bilaterales.

También mañana, está previsto que se celebre un coloquio patrocinado por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA) y la Escuela Munk de la Universidad de Toronto al que asistirá Freeland.

En el coloquio también participará el canadiense Irwin Cotler, uno de los tres integrantes del panel de expertos independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que determinará si se debe llevar al Gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad.

Al coloquio también asistirá Luisa Ortega, ex fiscal general de Venezuela.

Canadá ha adoptado progresivamente una posición más crítica contra el régimen de Maduro.

Freeland destacó el pasado viernes que “Canadá ha tomado un papel de liderazgo en respuesta a la crisis en Venezuela, en cooperación con otros países en la región.

Junto con socios que piensan como nosotros, seguiremos aumentando la presión en el régimen de Maduro».

Ottawa ha cuestionado los comicios regionales celebradas a mediados de octubre y Freeland ha declarado que “Canadá está muy preocupada por las acciones del régimen venezolano para dificultar la celebración de elecciones libres y justas, especialmente vía el control anticonstitucional del Consejo Nacional Electoral (CNE)».