Grupo dirigió Plan Renove fue enviado a la cárcel

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POR TANIA HIDALGO
La Procuraduría General de la República dejó ayer bajo arresto a 10 ex funcionarios del Plan Renove, incluidos los ex secretarios administrativos de la Presidencia Pedro Franco Badia y Siquió Ng de la Rosa, así como el ex secretario de las Fuerzas Armadas, vicealmirante retirado Ramón Emilio Jiménez Reyes, acusados de una estafa al Estado por más de 1,000 millones de pesos. 

Franco Badía y Ng de la Rosa fueron trasladados a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, junto a Fabio Ruiz Rosado, ex presidente del Plan Renove; Diógenes Castillo, ex director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el dirigente sindical Antonio Marte; Juan Julio Morales (Johnny Morales), cercano colaborador del ex presidente Hipólito Mejía, Milcíades Amaro Guzmán, Ángel Rondón Rijo y Francisco Antonio Pérez, mientras que Jiménez Reyes fue conducido a la cárcel de las Fuerzas Armadas.

El grupo fue apresado desde tempranas horas de la mañana, previa autorización de la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Doris Josefina Pujols, y sometido a interrogatorios por parte del director del Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco), Octavio Líster.

JUEZ DECIDE HOY

En tanto, el juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Víctor Martínez Pimentel, decidirá hoy sobre una solicitud de prisión preventiva hecha por el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, en contra de los ex funcionarios del Plan Renove, acusados de alegadas irregularidades en la asignación de los vehículos del referido programa.

El magistrado Martínez fijó el conocimiento de la vista para las 10:30 de la mañana.

Los ex funcionarios del Plan Renove fueron trasladados a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva bajo estrictas medidas de seguridad, siendo el primero en ser conducido al lugar Jiménez Reyes, quien minutos más tarde fue trasladado a la Secretaría de las Fuerzas Armadas.

El grupo fue interrogado por el Depreco, luego que la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, Doris Pujols Ortiz, autorizara su arresto mediante autos numerados 489, 487, 488, 492, 493, los cuales expresan que en un plazo de 24 horas deberán ser presentados ante un juez o en su defecto dejados en libertad. Otro acusado, el norteamericano Sam Goodsson, no fue arrestado por encontrarse fuera del país, según explicó el procurador Francisco Domínguez Brito.

En la vista estarán presentes el director del Depreco,  Octavio Líster y el fiscal adjunto Juan Antonio Garrido, asistente del fiscal del Distrito, así como los abogados de los ex funcionarios.

Agentes policiales montaron un cerco frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes a fin de evitar incidentes por parte de militantes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

En rueda de prensa en la Procuraduría, Domínguez Brito manifestó que    durante las investigaciones se detectó que a través del plan Renove se hicieron compras y distribuciones de vehículos de manera irregular.

Domínguez Brito dijo que no obstante las decisiones que se vayan a tomar en los próximos días una vez completados los últimos pasos necesarios en la investigación “nos presentaremos a los tribunales para solicitar apertura a juicio”.

“El presente proceso es un caso complejo. El plazo nuestro es superior a los tres meses, dada la naturaleza del caso. Sin embargo, entendemos que se ha hecho una gran investigación y que en un tiempo relativamente breve estaremos solicitando apertura a juicio para que se conozca del proceso. Quiero señalar que para el Ministerio Público todos y cada uno de los casos de corrupción deberán manejarse con la mayor profesionalidad, lo menos contaminado de otros factores que pudieran ser políticos o económicos o de cualquier tipo de influencia”, precisó Domínguez Brito.

Añadió que la sociedad dominicana no resiste más violación a sus normas.

“El deterioro que hemos venido experimentando es sumamente serio, con prudencia, con serenidad, sin ánimo de persecución el ministerio público va a cumplir su deber y su responsabilidad. Es la acusadora en este caso dentro de un sistema adversarial. La defensa tiene todos los mecanismos de ley para ello. Y lo ponemos en manos de un árbitro, una tercera persona que decida si hay las pruebas suficientes para que haya las sanciones”, enfatizó.

Dijo que para el Ministerio Público las pruebas son más que suficientes, y que la situación es grave en perjuicio del patrimonio del pueblo dominicano.

“A ellos se les dio el mejor trato posible, se les dio oportunidad de que se bañaran, se cambiaran, y algunos que estaban en situación difícil que reposaran un poquito, en fin ha habido toda la atención de lugar en cada uno de los casos”, dijo.

AUDITORIA

La Cámara de Cuentas encontró indicios de irregularidad en perjuicio del Estado dominicano, en la auditoría al Plan Renove, por lo que remitió al ministerio publico el expediente para que profundizara los hallazgos.

A juicio del pleno de la Cámara, el manejo financiero del plan perjudicó al Estado dominicano, en vista de que de la suma señalada para la adquisición de las unidades de transporte, US$158,029,521 sólo se ejecutaron US$130,193,072 y posteriormente se sumaron US$8,100,000.

También alega que el proyecto fue desnaturalizado por su distribución irregular, ajena a la equidad y ética de los ejecutivos del programa.

Basa su consideración en el hecho de que los vehículos destinados a los transportistas terminaron en manos de particulares y empresarios vinculados al sector.

Entre los beneficiados cita al arquitecto Milcíades Amaro Guzmán y a Casimiro Antonio Marte Familia, representantes del Estado en el Consejo del Plan Renove, quienes fueron beneficiados con 48 autobuses y un camión de volteo, y con 31 unidades, respectivamente.

El primero es accionista de Terrabus, y el segundo de Tarea Bus y Aetra Bus.

Esta es la segunda auditoría realizada al programa de renovación de vehículos del transporte público, aplicado en la pasada administración.

La primera la hizo la Contraloría General de la República, en el período comprendido entre el primero de enero del 2002 y el 12 de abril del 2003, e igualmente arrojó irregularidades en su contra.

Durante los interrogatorios que se extendieron todo el día acudieron a la Procuraduría varios legisladores a manifestarle su apoyo a los detenidos, entre ellos el senador por la provincia Independencia Dagoberto Rodríguez y el diputado Néstor Cruz Pichardo.

Asimismo, la alta dirigencia del PRD comisionó a un grupo de abogados, encabezados por el ex fiscal de la provincia Santo Domingo, Eddy Olivares, para que conozca de la situación. Le acompañaron además Enrique García, Darío de Jesús y Edgar Féliz Matos, entre otros.

QUERIA SALIR POR DELANTE

Agentes de la seguridad que tenían bajo su responsabilidad el traslado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva del ex secretario administrativo Pedro Franco Badía, se vieron en la obligación de “cargarlo”, momentos en que lo conducían por el pasillo de la procuraduría debido a que éste se resistía a que lo sacaran por la puerta de atrás y por el contrario pedía que lo llevarán por la puerta principal. Esto provocó un forcejeo que obligó a los agentes a someterlo a la obediencia.