Washington
EFE
El escritor de origen dominicano y premio Pulitzer Junot Díaz se sumó ayer, miércoles, a un grupo de activistas pro-derechos humanos para pedir al Congreso de EE.UU. una resolución de condena por los “abusos” contra los dominicanos de origen haitiano con riesgo de convertirse en apátridas.
Díaz y la escritora haitiana Edwidge Danticat participaron en una ronda de reuniones con congresistas y senadores para presionar por medidas que presionen al Gobierno dominicano para que dé marcha atrás con sus medidas de regularización que ponen a cientos de miles de haitianos nacidos en la República Dominicana en riesgo de convertirse en apátridas.
Ambos se sumaron al movimiento de Derechos Humanos para Todos en la República Dominicana y Amnistía Internacional para condenar la Ley de Naturalización de 2014 que, en su opinión, “solo aumenta la discriminación contra ciudadanos dominicanos de descendencia haitiana».
Se reúnen con congresistas.- Los participantes, que se reunieron con varios congresistas y senadores, pidieron que la Cámara de Representantes reintroduzca una resolución “condenando expresamente los abusos de derechos humanos» en la República Dominicana que se llevaron a cabo en 2013.
Asimismo, solicitaron que aumenten la presión para que el secretario de Estado, John Kerry, investigue la implementación de la Ley de Naturalización y se entreviste en audiencia a personas en riesgo de expulsión.
En 2013, el Tribunal Constitucional dominicano endureció retroactivamente los parámetros para adqui rir la nacionalidad, poniendo en riesgo de expulsión a decenas de miles de inmigrantes y descendientes de haitianos.
El Plan de Regularización para Extranjeros indocumentados, cuyo plazo concluyó el pasado 17 de junio, se puso en marcha junto a la Ley de Naturalización para regular el fallo del Tribunal Constitucional, pero la dificultad para probar las condiciones requeridas y denuncias de abuso policial sigue abocando a miles de indocumentados a la deportación.
“Como primer socio comercial de la República Dominicana, Estados Unidos tiene la obligación moral de asegurarse que los principios de derechos humanos son promovidos para proteger a los vulnerables”, señalaron los demandantes.