La directora ejecutiva del Grupo Acción Cristiana, Rossa Yvonne Núñez, consideró hoy como una gran decepción, la inclusión de la categoría de discriminación por “orientación sexual” en el proyecto del Código Penal que recientemente fue aprobado en segunda lectura por el Senado de la República.

“Sinceramente, un día como hoy quisiéramos estar celebrando que el Senado aprobó un proyecto de Código Penal que protege la vida de los no nacidos, pero no podemos, porque tenemos una gran preocupación”, expresó Rossa Yvonne Núñez.

Consideró que, al agregar dicha categoría en el Código, constituye una terrible amenaza contra la familia dominicana, contra las libertades ciudadanas, contra la salud integral de niños y adolescentes, y por ende contra el futuro de la nación.

Núñez, denunció que “la inclusión de esa categoría no se trata de evitar la discriminación contra una minoría, sino de abrir las puertas a la coerción contra la mayoría y de dar así formal inicio a la institucionalización de la ideología de género en la nación.”  Agregó además que “la categoría de ‘orientación sexual’ es anticonstitucional, subjetiva y de alto trasfondo ideológico.”

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Recordó que hace unas semanas fue socializada una Carta Pública dirigida a todos los congresistas, firmada por más de cincuenta instituciones y personalidades, a través de la cual denunciaron intromisiones foráneas cuyo objetivo era la inclusión de la discriminación por “orientación sexual”.

Según expresó Núñez, “la Comisión Bicameral sabiamente había consensuado la exclusión de la misma del Código Penal, pero fue introducida subrepticiamente, como resultado de una orden impuesta sobre los miembros de dicha comisión.” En ese sentido llamó a la reflexión sobre la fragilidad que ha quedado expuesta de nuestra soberanía nacional y de la independencia de poderes.

La directora de Acción Cristiana hizo énfasis acerca de las muchas amenazas que surgirían como resultado de la inserción de esta terminología en el Código. Entre tales amenazas resaltó la introducción de programas obligatorios de “educación sexual” para niños y adolescentes, que en realidad se tratan de inducción sexual a temprana edad y promoción de la agenda LGBT desde la primera infancia.

Según indicaron, si se aprueba la “discriminación por orientación sexual” como delito, el paso posterior sería adoctrinar a los niños para que normalicen los compartimientos LGBT y para que los mismos niños puedan decidir con cuál de los géneros LGBT desean identificarse. “Los promotores de esta agenda saben perfectamente que las mentes inocentes de los niños son las más fáciles de moldear con estas enseñanzas antinaturales y anticientíficas”, agregó.

“Abrir esta puerta fomentaría los conflictos familiares, pues los niños recibirían en la escuela enseñanzas contrapuestas a las que reciben en el hogar, mientras que los padres que se opongan al adoctrinamiento obligatorio de sus hijos serían acusados de fomentar la discriminación y correrían el riesgo hasta de perder la tutela de ellos”, destacó Núñez. 

“La aprobación del código con este elemento también acarrearía una coerción de la libertad de expresión, pues podría ser perseguida legalmente cualquier persona que exprese verdades tan naturales como que sólo existen dos sexos – masculino y femenino – o que el matrimonio por definición es sólo entre un hombre y una mujer”, expresó.

Continuó afirmando que “hasta los médicos, sicólogos, consejeros y pastores podrían ser acusados del delito de discriminación, por tratar de orientar a alguien con confusión sobre su identidad sexual como parte de su ejercicio profesional o ministerial.”

Acción Cristiana hizo un llamado a la conciencia de los miembros de la cámara de diputados, para que “no acepten presiones foráneas ni de otros poderes del Estado, y para que velen por la protección de nuestras libertades ciudadanas y de nuestra soberanía como nación.