Grupo se querella contra procurador y Odebrecht

Grupo se querella contra procurador y Odebrecht

Varias personas se querellaron contra el procurador, Jean Alain Rodríguez, por presunta prevaricación. Asimismo contra la empresa Odebrecht, su gerente Marcelo Hofke y el representante comercial, Ángel Rondón, por alegada asociación de malhechores y pago de sobornos.
En ese sentido, solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, designar un juez especial de instrucción para conocer la querella contra el procurador a quien acusan de pactar con Odebrecht sin tener calidad, con lo cual busca obstaculizar la justicia. Igualmente que ese juez suspenda el acuerdo.
En tanto que la querella contra Hofke y Rondón fue interpuesta ante la Fiscalía del Distrito Nacional para que sean investigados con relación al soborno por US$92 millones a funcionarios para obtener obras.
Para estos piden una condena de 10 años y una indemnización de RD$ 500,000 millones.
Los querellantes son Rafael Enrique de León, Domingo Acevedo, David Montes de Oca, Demetrio Turbí, Carlos Sánchez y Dolores Paulino, miembros del Comité de Lucha contra el Cambio Climático.
Euren Cuevas, abogado del grupo, expresó que el procurador general no tiene calidad ni competencia para firmar el acuerdo para devolver US$184 millones, porque el Código Procesal Penal y la Ley 448 sobre Sobornos lo prohíben debido a que se trata de un crimen de orden público por el cual no puede haber arreglos.
Criticó que el acuerdo exima de responsabilidad penal a Odebrecht y sus ejecutivos, ante lo cual supone que Ángel Rondón, quien habría recibido los US$92 millones para sobornos, estaría libre de culpas. “Cómo es posible que después de Odebrecht haber obtenido RD$233,000 millones en obras en 15 años y todas sobrevaluadas, cómo es posible que se exima de responsabilidad penal”, cuestionó Cuevas.
Los querellantes también criticaron que el procurador solicitara que sea levantado el impedimento de Odebrecht como proveedor del Estado debido que la Ley de Compras establece que las empresas que hayan tenido prácticas corruptas sean inhabilitadas de por vida.

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