Ginebra EFE. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes exhortó ayer al gobierno de la República Dominicana a tomar medidas para impedir las deportaciones arbitrarias y adoptar mecanismos para atender las acusaciones de racismo durante las deportaciones de personas de origen haitiano.

En un comunicado distribuido , los expertos se refieren a informaciones que indican que al menos 19,000 personas han dejado la República Dominica y han entrado en Haití desde el 17 de junio “ante el temor de que se produzcan posibles violaciones de sus derechos cuando las deportaciones comiencen oficialmente en agosto». “Nadie debería ser deportado si existen razones legales y válidas para permanecer”, dijo Mireille Fanon Mendes-France, presidenta del grupo de expertos. “Los migrantes son sujetos de protección y las personas dominicanas de origen haitiano tiene el derecho de residir de manera segura en el territorio, así como los menores nacidos en la República Dominicana que hayan sido legalmente registrados”, agregó. “La República Dominicana no puede violar ni las normas internacionales, ni los mecanismos de protección del sistema Inter-Americano de Derechos Humanos, y, especialmente, no puede violar su propia Constitución”, enfatizó la experta. También señaló las dificultades para obtener los documentos necesarios para registrarse en los procesos de regularización y deportación y la falta de información sobre el plan de deportación y las deportaciones.

El Grupo de Trabajo reiteró su llamamiento a las autoridades de la República Dominicana “para que adopten una legislación transparente y efectiva».