Washington (EFE).- Grupos religiosos, empresariales y comunitarios de EEUU reaccionaron ayer complacidos ante la aprobación en el Senado de un proyecto de reforma migratoria que abriría la puerta para la naturalización de millones de inmigrantes ilegales. La iniciativa contó con 62 votos a favor y 36 en contra y ahora deberá ser armonizada con una versión que la Cámara de Representantes aprobó en diciembre del año pasado.

La medida declara el inglés como “idioma nacional” de EEUU e incluye una vía hacia la legalización de al menos ocho millones de inmigrantes indocumentados; un programa de trabajadores temporales, y el reforzamiento de la vigilancia fronteriza.

La primera reacción del Gobierno del presidente George W. Bush, que propuso reformas que se acercan a la versión del Senado, partió del secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, un inmigrante de origen cubano.

“Aplaudo al Senado por dar el valiente paso de aprobar una proyecto migratorio que nos acerca otro paso hacia una reforma integral”, señaló en una declaración.  Gutiérrez también instó a que en las negociaciones entre la Cámara de Representantes y el Senado se realicen “discusiones respetuosas que unan y traten a todos con dignidad”.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos señaló que el proyecto es una iniciativa “sensata” que atiende las necesidades económicas y de seguridad del país.

“Es un enorme avance que resuelve la necesidad de reformar nuestras leyes de inmigración y agradecemos al Senado por su gran trabajo”, señaló Randel Johnson, vicepresidente para asuntos de inmigración.

No obstante, la Cámara, que agrupa a más de tres millones de empresas y organizaciones del país, indicó que le preocupan disposiciones aprobadas por los senadores referidas a un nuevo sistema de verificación de identidad y normas sobre salarios en el marco del programa de trabajadores temporales.

“El Senado hizo lo correcto al aprobar una reforma migratoria integral que atiende de manera realista los desafíos de la seguridad fronteriza y admite la necesidad de trabajadores”, señaló la Asociación General de Contratistas de EEUU.

La Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU también calificó la aprobación como “histórica” e indicó que abre la posibilidad de que las “leyes migratorias del siglo XX sean reformadas para atender las necesidades de un país del siglo XXI”.

El Comité de Inmigración de la Conferencia Episcopal (católica) de EEUU se manifestó complacido por la votación, pero advirtió de que no coincide con todas las disposiciones del proyecto senatorial.

“Aplaudimos su enfoque integral y creemos que contiene muchos de los elementos necesarios para resolver los problemas vinculados al actual sistema migratorio de nuestro país”, dijo un comunicado emitido por Gerald Barnes, obispo de San Bernardino (California) y presidente del comité.

Barnes señaló que en las negociaciones sobre el proyecto se deberían apuntar a simplificar las normas para otorgar la ciudadanía a los inmigrantes ilegales y mantener un programa viable y justo de trabajadores temporales.

El Foro Nacional de Inmigración, una organización que participó activamente en la promoción del proyecto, agradeció a los senadores los esfuerzos para su aprobación.

Sin embargo, señaló que “todavía es imperfecto” y se refirió especialmente a disposiciones que, según afirma, “perjudican” a los inmigrantes legales y a quienes buscan asilo y reducen el número de visas para los trabajadores temporales.

Aun antes de que se realizara la votación, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) afirmó que el proyecto era “defectuoso” y no protegía los derechos a la privacidad y al debido proceso.

“Nuestras libertades fundamentales no deberían ser socavadas con un proyecto migratorio defectuoso”, señaló en una declaración Caroline Fredrickson, directora de la oficina de ACLU en Washington.

“El proyecto del Senado está lleno de transacciones innecesarias que comprometen nuestras libertades y nuestra privacidad y significan una carga indebida sobre los trabajadores estadounidenses”, señaló.