AP. Diversos grupos de derechos humanos manifestaron hoy su rechazo al proyecto para anular las actas de nacimiento de miles de dominicanos de ascendencia haitiana y anunciaron protestas y acciones judiciales internacionales en contra de la medida, denominada como una “desnacionalización”.

La sentencia que ordenó la semana anterior empezar el proceso judicial para anular las actas de nacimiento a miles de personas contraviene “más de 15 artículos de la propia constitución y ni hablar de convenios internacionales”, aseguró en conferencia de prensa el abogado Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Mercedes y los dirigentes de otras organizaciones de defensa de los derechos de mujeres, de trabajadores y de descendientes de inmigrantes haitianos anunciaron una serie de protestas callejeras y un plantón frente al tribunal constitucional en los próximos días para exigir la revocación de la medida.

El tribunal constitucional determinó la semana anterior, mediante una sentencia inapelable en el caso particular de Juliana Deguis Pierre, que los hijos de inmigrantes ilegales haitianos nacidos en el país desde 1929 deben ser considerados como extranjeros, pese a que la mayoría de ellos tiene acta de nacimiento y cédula de identidad dominicanos.

Durante décadas el registro civil reconoció como dominicanos a los hijos de inmigrantes haitianos que trabajaban en los ingenios cañeros debido a que la constitución determinaba que eran nacionales todos los nacidos en el país, sólo con excepción de los hijos de diplomáticos de otras naciones y de los extranjeros “en tránsito”.

La constitución no especificaba quiénes eran considerados extranjeros “en tránsito”, por lo que los inmigrantes que llegaron de Haití a trabajar en los cañaverales y permanecieron ahí toda su vida, como los padres de Deguis Pierre, pudieron en su gran mayoría registrar a sus hijos como dominicanos.

Una nueva constitución promulgada en 2010 determinó que los inmigrantes ilegales, como los trabajadores cañeros, son extranjeros “en tránsito” por lo cual sus hijos no pueden recibir la nacionalidad por el solo hecho de nacer en el país.

Yo debo de estar en la República Dominicana porque yo soy dominicana, nací aquí en República Dominicana”, dijo a The Associated Press, Deguis Pierre, de 28 años, y madre desempleada que tiene cuatro hijos.

El tribunal constitucional consideró la semana anterior que los trabajadores cañeros eran extranjeros “en tránsito” y por tanto sus hijos no podrían recibir la nacionalidad dominicana sólo por el hecho de nacer en el país.

La sentencia del tribunal constitucional aplica la nueva constitución de forma retroactiva a personas nacidas décadas atrás, ha insistido Cristóbal Rodríguez, jurista especialista en temas constitucionales.

Los casos de Deguis Pierre y de otras 47 personas fueron llevados por una organización no gubernamental al tribunal constitucional porque las autoridades del registro civil les retienen desde 2007 sus actas de nacimiento o se niegan a darles cédula de identidad por considerar que fueron registrados fraudulentamente como dominicanos. Sin sus cédulas, los afectados no pueden realizar ningún trámite ni registrar el nacimiento de sus hijos.

Aunque no existe ninguna estimación oficial sobre el número de afectados por la medida, Jospeh Cherubin, presidente del grupo que representa a Deguis Pierre, insiste que más de 200.000 serán “desnacionalizadas”.

Luego de que las actas de nacimiento sean anuladas por un tribunal, los miles de afectados podrán solicitar la residencia legal en el país mediante un plan de regularización, explicó el lunes Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, que administra el registro civil.

El plan nacional de regularización de extranjeros, previsto en la ley de migración desde 2004, aún no existe.

“Yo prefiero la muerte física al hecho de tener que regularizarme (como extranjera), a vivir como extranjera en el país donde yo nací”, dijo en la conferencia de prensa de los grupos humanitarios Altagracia Jean-Joseph, de 27 años, y a quien la Junta Central Electoral le retuvo durante cinco años su acta nacimiento por su ascendencia haitiana.

Lorenzo Jiménez, represente de Naciones Unidas en el país, manifestó el lunes que el plan para anular las actas de nacimiento “es un tema que preocupa enormemente” al organismo internacional, el cual realizará “un exhaustivo estudio” para determinar si la medida es coherente con las resoluciones y tratados internacionales suscritos por República Dominicana.

Con su sentencia, el tribunal constitucional “ha desafiado a la comunidad internacional”, comentó a The Associated Press Antonio Pol-Emil, un funcionario de elección popular de la provincia San Pedro de Macorís y descendiente de inmigrantes haitianos.