POR MINERVA ISA Y ELADIO PICHARDO
En la más absoluta impunidad, motorizada por la compra de conciencias y un modelo del éxito social fundamentado en fortunas mal habidas, la corrupción se diversifica y masifica, profundiza su raíz socio-cultural, permea en una sociedad que, obnubilada por el dinero y el poder, la propicia o tolera, convirtiéndose en un mal endémico de raigambre moral, social y económico, con su principal protagonismo en la élite política, militar y empresarial.

No bastarán denuncias y condenas. Es hora de contener, castigar y prevenir la escandalosa y colosal corruptela, descarada e impune, intangible por la turbidez con que se enajena el patrimonio estatal, peligrosa, amenazante, al estrechar lazos con el narcotráfico desde las altas instancias de poder.

En República Dominicana, país del eterno «borrón y cuenta nueva», implacable con el robo famélico, el latrocinio impulsado por el hambre que abarrota las cárceles, los delincuentes de cuello blanco de los sectores público y privado disfrutan sus millones en libertad, son tratados por encumbrados y plebeyos como grandes y respetados señores.

La ausencia de una sanción moral explica la permisividad de una sociedad desprovista de una sólida convicción de la corrupción como grave delito de nociva repercusión económica, política y social, que concibe la esencia y naturaleza del poder y del Estado como dispensador de rentas y canonjías. El tráfico de influencias no es privativo de altos funcionarios, incumbe a todo ciudadano que aprovecha conexiones y amistades para gestionar favores, prebendas, sinecuras.

Castigo y prevención atenuarían este degradante fenómeno social, un mal sistémico que urge arrancar de raíz con sanciones severas para aleccionar a los corruptos en potencia, junto a una educación desde el hogar y la escuela que produzca mutaciones profundas en la conciencia nacional, en la cultura política.

Es preciso limpiar la imagen de República Dominicana y eliminar el estigma de la «corrupción endémica», que le atribuye la última encuesta efectuada en octubre de 2004 por Transparencia Internacional, entidad belga, al situar al país entre las sesenta naciones de más alto peculado, con una puntuación inferior a 3.

El Indice de Percepción de la Corrupción (IPC) dominicano descendió de 3.3 en el 2003 a 2.9 en el 2004, en una escala de 0 (muy corrupto) al 10 (muy limpio).

Ese IPC refleja el incremento de la corruptela privada y oficial, atadas por alianzas y confabulaciones, complicidades y silencios, posibilitada por la falta de controles y regulaciones, el inclumplimiento de leyes que norman la actividad bancaria, comercial, industrial, cualquier quehacer empresarial.

La prevaricación se manifiesta sistemáticamente en un sector empresarial que despoja al Estado con la evasión de impuestos, el contrabando y la doble contabilidad, la usura bancaria y la especulación comercial, el usufruto de las carteras de ahorro, los créditos de estabilización otorgados por el Banco Central y el rescate de bancos fraudulentamente quebrados, que dejaron al Estado «hoyos financieros» por alrededor de RD$100 mil millones, donde se hundió la economía y todo el país.

CORRUPCIÓN ESTATAL

La corrupción estatal, que engulle entre el 25 y 30% del presupuesto nacional, adquiere modalidades diversas, alimentadas del tráfico de influencias y los abusos de poder, la permisividad y la impunidad. Desfalcos, compras y contrataciones sobrevaluadas para pagar comisiones, ventas y préstamos subvalorados que recompensan adhesiones políticas, representan más del 10% del presupuesto nacional. El monto crece con los ingresos no percibidos por acciones fraudulentas de los contribuyentes, la cuantiosa evasión tributaria, que en los últimos cuatro años sobrepasó los RD$100 mil millones, cuando se estima que la corrupción absorbió no menos de un cuarto del presupuesto. Y si el actual gobierno peledeísta reincide en irregularidades, las comisiones y el grado a grado, y las nóminas improductivas, tempranamente abultadas con subsecretarios y vicecónsules al granel, la historia se repetiría con los recursos presupuestados para el 2005.

La corrupción, fuente del clientelismo político, refleja la falta de ética y honestidad en la concepción y manejo de la administración pública, la falta de transparencia en las ejecuciones presupuestarias y el dispendio de recursos. Se filtra a través del nepotismo, planillas fantasmas, erogaciones sin control, dietas y gastos de representación, uso irracional de vehículos y combustibles, sustracción de cheques, equipos e inmuebles y la ayuda asistencial a los pobres y otros planes sociales.

Una de las más rentables formas del robo de fondos públicos, altamente nociva porque genera construcción de obras y la adquisición de bienes y servicios innecesarios, consiste en pedir o aceptar comisiones, que fluctúan entre el 10 y el 50% del importe de una compra, una contrata o un préstamo, en los que la corrupción soterrada es un secreto a voces.

La adjudicación de obras del Estado y compras gubernamentales sin licitaciones constituye una de las vías más expeditas para la transferencia irregular de fondos públicos a través de cubicaciones y facturaciones sobrevaluadas. Se estima que representan una pérdida fiscal de cerca del 20% del valor invertido, a lo que se adicionan erogaciones posteriores por la precaria calidad de las construcciones, generalmente con poca o ninguna supervisión. No es casual el apego de los gobiernos por el grado a grado, la forma más viable de pagar fidelidades y deudas partidistas, favorecer a correligionarios, parientes y amigos.

Mediante esos y otros mecanismos, los allegados al partido de turno, los funcionarios civiles y militares acumulan fortunas fabulosas. Esa ha sido la experiencia de los últimos decenios en los gobiernos reformistas, peledeístas y perredeístas, la mayoría de sus dirigentes altos y medios llegan al poder con exiguos bienes y se hacen millonarios al vapor.

Si seguimos en esa impunidad -advierte el economista Isidoro Santana-, estamos abocados a un futuro inmediato oscuro, incierto, porque el pueblo está perdiendo la fe y el entusiasmo en ir a elegir este tipo de personas cada cuatro años.

La corrupción administrativa es más generalizada por no exigir la sociedad una rendición de cuentas, lo que impide el uso racional de los recursos estatales, propicia el incumplimento de programas y agendas, el traspaso de partidas monetarias de proyectos y servicios prioritarios a otros de mayor rentabilidad política, en perjuicio de los sectores más pobres que, por ese despilfarro, no satisfacen sus necesidades primarias.

Transformar esa enojosa realidad es una urgente prioridad. Pero la sociedad no les reclama transparencia y la vasta normativa contra la corrupción no trasciende el papel. El Estado tiene todas las facultades para controlar el peculado, cualquier negocio o actividad en la vida del país está regulada por una ley y una supervisión. No se aplican. Son sistemáticamente violadas, como la que obliga a funcionarios gubernamentales y legisladores a presentar la declaración jurada de bienes, una legislación infuncional por carecer de medios coercitivos y de sanciones.

ANTIMODELOS

La corrupción se multiplica, se agiganta con el narcotráfico y el lavado de dinero, acicateada por antimodelos, las fortunas ilícitas, el meteórico ascenso económico y social mediante la apropiacion de bienes de cuestionada procedencia.

Estamos presenciando un proceso de acumulación desleal, brutal, que se hace en muy pocos años -expresa la geógrafa Amparo Chantada-. Asistimos al enriquecimiento rápido de determinadas familias, y eso representa para el país una pérdida de fuerza, de esperanza. Si el éxito social se exhibe a partir de fortunas mal adquiridas, las nuevas generaciones lo ven como el modelo a seguir, hacen que el dinero sea el modelo del éxito.

Los antimodelos se fomentan desde las más altas instancias. La crisis moral no es de la ciudadanía –sostiene el sociólogo Ramón Tejada Holguín–, es del liderazgo político, económico, social, se creen impunes, se sienten por encima de toda la sociedad y con derecho a hacer lo que quieren. Y si los de arriba roban y hacen los que les antoja, ¿qué esperan que hagan los de abajo? El primer mal ejemplo lo dan los empresarios, ¿cuántos pagan impuestos? La crisis moral radica en la clase que tiene el poder, la primera que viola las leyes y cree en la inmunidad y la impunidad.

El virus de la corrupción se propala, permea los estamentos medios y bajos, infectando todo el tejido social. Y es que en una sociedad fatua la vida se hace sumamente costosa para quienes no tienen frenos morales y se precipitan en una indetenible incontinencia, acorralados entre lo poco que producen y los gastos excesivos a que les induce la propaganda alienante, las ofertas de residencias modernas, yipetas, resorts y restaurantes de lujo. Caen en una inmoralidad sistemática, en una conducta hedonista en que todo vale, cuenta vivir bien, disfrutar, quedando atrás la antigua postura de vergüenza, dislocando principios y valores.

Si devuelves el reloj a la infancia nuestra –expresa el neurólogo José Silié Ruiz–, el ladrón y el sinvergüenza eran una afrenta social, hoy no, hoy pasan de ladrones pervertidos a prósperos empresarios, a patriotas. Se ha incrementado la descomposición social, hay un deterioro ético y moral en todos los niveles. ¿Qué hacer? Comenzar a mirar mal a los corruptos –propone Tejada Holguín–, es la mejor forma, porque el problema es simple y llanamente de impunidad, robas y vas a un restaurant y la gente te saluda y felicita, y si te nombran en una secretaría de Estado y sales con el mismo carrito te dicen que eres un pendejo. No tenemos un sistema capaz, ¿cuántos casos de corrupción hay en el Depreco (Departamento de Prevención de la Corrupción)?, ¿cuántos han sido juzgados en los últimos gobiernos?

La justicia está mejor que hace diez años, eso es innegable, pero no suficiente, necesitamos una justicia más independiente y que actúe más en los casos de corrupción. Su más grande reto es el castigo de la corrupción, que se mantendrá hasta tanto haya una justicia que aplique sanciones, porque al aceptar un soborno, al robar un dinero del Estado no hay que pensar en una condena legal o social.

La responsabilidad de ponerle coto recae en la justicia, en el liderazgo nacional y los ciudadanos. Como candidatos presidenciales, los líderes políticos enarbolan la lucha anticorrupción, su eco persiste a inicios de cada gobierno y poco después se apaga, permaneciendo como arma política esgrimida esporádicamente. No ha habido voluntad política contra la corrupción, que debe ser controlada, castigada, combatida, hasta erradicar sus raíces.

HÉCTOR MATEO, CARDIÓLOGO:

Están los focos de corrupción, los corruptores y los corrompidos, es como un círculo vicioso de deterioro moral que va aumentando, y hemos llegado al punto de que prácticamente no hay ningún sector de la sociedad que no esté tocado por la corrupción.

ISIDORO SANTANA, ECONOMISTA:

Casi me conformaría con ver un gobierno honesto, que maneje el Estado con honestidad, que trate de imponer la honestidad en todos los actos de la vida nacional, eso sería un logro fundamental y quizás el primer paso para comenzar a buscar una solución a los demás problemas.

MARISOL VICENS, EMPRESARIA:

La corrupción tiene que ser fuertemente castigada. Mientras mostremos los niveles de impunidad que tradicionalmente se han exhibido, no podremos combatirla de manera efectiva. El Poder Judicial tiene el gran reto de demostrar que es independiente en la solución de los casos de corrupción.

JOSÉ SILIÉ RUIZ, NEURÓLOGO:

Lo que ha habido es una compra de conciencias año tras año en la impunidad más absoluta, aquí no se ha visto un político esposado, lo que ha habido es persecución política, pero un político preso por corrupto, por malversación de fondos, hasta mis años yo no lo visto.

CÉSAR PÉREZ, SOCIÓLOGO:

Tenemos un Congreso bastante cuestionado, y habría que preguntarse ¿quiénes corrompen a senadores y diputados?, no sólo los partidos para que pasen leyes, también empresarios. Tenemos una clase empresarial dada a la práctica de la corrupción, y todo eso contribuye a una institucionalidad extremadamente precaria.

JORGE CELA, SACERDOTE:

La gente que acumula poder no tiene normas, puede hacer lo que quiere y en absoluta impunidad. Tenemos que revertir ese proceso, frenar la corrupción, una bola de nieve que va creciendo. Cuando un secretario de Estado roba millones, el subsecretario un millón y los funcionarios cientos de miles, el conserje se está llevando el papel y los lápices, esa es la cadena y hay que frenarla.