Organizaciones de la sociedad civil acusaron ayer a las empresas mineras extranjeras GoldCorp, Barrick Gold, GoldQuest, M&M, Everstone y Magicscore de solicitar al Gobierno la concesión para explotar en la Cordillera Central oro, plata y cobre a través del uso de megaminería y cianuro, sustancias “letales” para la población y el ecosistema.

El arqueólogo Domingo Abreu  indicó que  la población ignora el asunto, por lo que instó al presidente Danilo Medina  evitar que se devaste la Cordillera con la aplicación de la “peor metodología minera que se conoce en el planeta”.

“Medina se comprometió  a preservar los recursos naturales  y desarrollar el  turismo ecológico por lo que sería  pertinente que explique ese proyecto que hay sobre la Cordillera Central que va a extenderse no solamente en la zona montañosa, sino también  en la llana”, denunció Abreu.

Criticó que se le entregara  al grupo Estrella “tierra buena para la  producción agrícola” en   Villa Gautier para construir una cementera. Solicitó que el Gobierno  evalúe las contrataciones relacionadas con la minería, la mega minería y  el mal uso de los suelos.

 Amarilis Herrera, presidenta del Colegio Médico Dominicano, precisó que el uso de cianuro en la explotación de esos metales provocaría enfermedades  como cáncer de pulmón, absceso pulmonar, enfermedades estratogénicas en el embarazo y malformación en los infantes. “Las autoridades están ciegas, sordas y mudas ante el peligro latente que representan esas concesiones para explotación minera”, dijo. 

Caminata.  Grupos estudiantiles, magisteriales, de campesinos, religiosos y  ambientalistas anunciaron que el  16 de septiembre, a las 10:00 de la mañana,  realizarán una marcha desde el parque Independencia hasta el Palacio Nacional en demanda  que  Medina cumpla con su oferta de campaña y  su  discurso.

Demandan  que se  evite la explotación de las lomas Miranda y Mala;   rescindir del  contrato con la Barrick Gold, no construir  la cementera en Villa Gautier,  realizar reforma agraria y policial, luchar contra el feminicidio  y  otorgar el 4% del PIB para educación y el 5% del presupuesto nacional para la UASD.