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WASHINGTON (EFE).- La aprobación en la Cámara de Representantes de EEUU de una ley que estrecha el cerco a los inmigrantes indocumentados ha llevado a numerosas organizaciones a pedir al Senado que ofrezca una solución «integral» al problema.
Organizaciones hispanas, grupos religiosos, activistas defensores de los inmigrantes y activistas sindicales y hasta diplomáticos extranjeros han coincidido en que el Senado debe frenar esta ley porque, a su juicio, «sólo traerá más problemas».
El proyecto de ley conocido como «Real ID Act», aprobado el jueves por 261 votos a favor y 161 en contra, pasará ahora al Senado, donde afronta resistencia para convertirse en ley.
De ser así, negará las licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados, restringirá el sistema de asilo político y agilizará la deportación de presuntos terroristas.
También pide que se complete una valla en la frontera entre California y México contra la inmigración ilegal, además de que permitiría que los «caza-recompensas» arresten a quienes han desoído las órdenes de deportación.
El debate y votación en la Cámara Baja reflejó el fervor de grupos conservadores que exigen mayores restricciones a la inmigración y de demócratas y grupos liberales que piden una reforma migratoria.
Sorprendentemente, la Casa Blanca, que busca una fórmula «humana y compasiva» al problema de la migración clandestina, ha respaldado la medida tras aceptar el argumento de sus promotores de que se trata de un asunto de seguridad nacional. Pero esto ha servido como un balde de agua fría para las negociaciones entre EEUU y México hacia un programa de legalización temporal para los millones de inmigrantes mexicanos que viven en la clandestinidad.
Desde España, el presidente mexicano, Vicente Fox, dijo el jueves que aprovechará su gira por Washington en marzo próximo para continuar impulsando un acuerdo migratorio que beneficie a ambas partes.
«Estaremos en Washington en marzo precisamente buscando cómo apoyamos al presidente (George W.) Bush en sus gestiones», dijo Fox, evitando entrar en detalles sobre el espinoso proyecto de ley.
Fox dijo esperar «mucho» en este segundo mandato de Bush «porque hemos sembrado y hemos construido mucho a través de los cuatro años anteriores».
En Washington, fuentes diplomáticas latinoamericanas dijeron a EFE que, «con todo respeto al proceso legislativo de EEUU, esperamos que el Senado tome en cuenta que esta iniciativa no representa una solución integral a las cuestiones de seguridad y de inmigración».
El autor de la legislación, el republicano James Sensenbrenner, quiere prohibir que las licencias de conducir -hasta ahora emitidas con el criterio de los gobiernos estatales- sean aceptadas para abordar un avión o para diversos trámites federales.
Treinta y nueve estados y el Distrito de Columbia -sede de la capital estadounidense- requieren que los solicitantes demuestren su estatus legal antes de emitir las licencias de conducir.
Para México, el asunto es de vital importancia ya que muchos inmigrantes indocumentados, marginados del sistema por falta de papeles, utilizan, donde sea aceptada, la matrícula consular como tarjeta de identificación para diversos trámites oficiales.
Como se trata de un asunto soberano, las representaciones diplomáticas, que en privado han expresado su preocupación, evitan pronunciarse públicamente hasta «ver qué pasa» finalmente.
De ser aprobada, la ley tendrá repercusiones para todos los inmigrantes, pues los indocumentados en EEUU ya no son sólo la gente pobre de México o Centroamérica, sino también profesionales de Colombia, Bolivia, Ecuador y otros países.
Para los detractores de la medida, ésta pone en peligro la seguridad vial porque los indocumentados seguirán aventurándose por las carreteras con o sin licencia de conducir o seguro de automóvil.
Algunos legisladores demócratas hispanos, como Luis Gutiérrez y José Serrano, han dicho que la medida es otra manifestación de «propuestas anti-inmigrantes impulsadas por extremistas» que, en su opinión, sólo enredan más el maltrecho sistema migratorio. EFE
