Cinco organizaciones de la provincia Peravia solicitaron al Consejo Económico y Social (CES) que le exija a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales (CDEEE) y al presidente Danilo Medina que sometan a vista pública y a la aprobación del Congreso Nacional el contrato de arrendamiento por 50 años al Grupo Vicini de los terrenos en los que se contruye la Central Termoeléctrica Punta Catalina, para aclarar.

La petición la hicieron la Asociación de Profesionales y Técnicos de Catalina y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Baní; la Federación de Campesinos Banilejos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Comité de Desarrollo de Paya, Baní.

“No se trata de cualquier cosa, el Estado está comprometiendo recursos públicos a 50 años con el arrendamiento de 2,252,511.58 metros cuadrados, unas 3,600 tareas de tierra, en las parcelas 233 y 136 del Distrito Catastral número 2, del municipio de Baní”, especifica una carta enviada al CES.

Explica que por más de dos años, los acuerdos del Estado dominicano con el Grupo Vicini reflejados en el referido contrato se han mantenido en la clandestinidad. Refiere que la existencia de ese acuerdo fue revelada por Juan Vicini en un artículo publicado en el periódico Listín Diario el 13 de octubre de 2015.

Agrega que Rubén Jiménez Bichara firmó el 27 de diciembre del 2013 un contrato con la Pinegy Commercial Group, una empresa desconocida en el país para instalar una tercera planta de carbón de 600 megavatios en los mismos terrenos a los que hacen referencia.