NUEVA YORK (AFP).-  Organizaciones de defensa de los derechos civiles llevaron ayer a los tribunales estadounidenses el caso de las escuchas telefónicas sin mandato judicial autorizadas por la Casa Blanca al presentar demandas contra el presidente George W. Bush y la NSA.

El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), con sede en Nueva York, presentó la denuncia ante una corte federal de distrito de Manhattan con la intención de impedir que el gobierno supervise las conversaciones telefónicas sin mandato judicial.

Además de Bush y otros, la denuncia incluye al responsable de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), Keith Alexander, que llevó a cabo las escuchas.

Simultáneamente, un grupo de personalidades y organizaciones entre las que se encuentran la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU en inglés), Greenpeace y el Consejo de Relaciones Islámico-estadounidenses, presentó otra demanda por el mismo caso, aunque sólo contra la NSA.

La denuncia fue presentada en una corte federal del estado de Michigan (noreste) argumentando que este programa de espionaje “es ilegal” y que supone el mayor abuso de las funciones presidenciales “desde los días de Richard Nixon”, explicó el director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero.

La Casa Blanca, a través de su portavoz Scott McClellan, calificó las denuncias de “frívolas” y poco útiles para “proteger” al país.

“Creo que las demandas frívolas a las que usted hace referencia no hacen nada por ayudar a reforzar las libertades civiles o proteger a los estadounidenses”, dijo a la prensa.

McClellan agregó que el programa de espionaje teléfonico y electrónico “es limitado” y afecta sólo a “miembros conocidos de Al Qaida o gente asociada a Al Qaida o a organizaciones relacionadas con Al Qaida”.

La denuncia del CCR fue presentada al día siguiente de la jornada festiva con la que se honra la figura de Martin Luther King, el asesinado líder de los derechos civiles que fue objeto regular de espionaje telefónico por las autoridades a lo largo de su vida.

“Nos entristece que la vigilancia ilegal que una vez tuvo como objetivo a este gran estadounidense se haya vuelto característica del actual gobierno”, dijo el director legal del CCR, Bill Goodman.

“Como fue el caso con King, esta actividad ilegal se parapeta detrás de la seguridad nacional”, agregó.

“En realidad, refleja un intento de la administración Bush de ejercer un poder sin límites sin la interferencia molesta de otros poderes”, dijo Goodman.

La revelación, por el diario The New York Times de la existencia de estas escuchas el 16 de diciembre causó revuelo en Estados Unidos.

Bush reconoció que en 2002 autorizó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a espiar sin orden judicial conversaciones telefónicas y mensajes electrónicos entre Estados Unidos y el exterior en nombre de la lucha antiterrorista.

El presidente alegó que se trataba de una medida propia de un comandante en jefe en tiempos de guerra.

“Si alguien habla con Al Qaida, queremos saber por qué”, dijo Bush la semana pasada.

“Tuve que tomar esta difícil decisión para equilibrar las libertades civiles y, de un modo limitado, y quiero decir limitado, tratar de determinar las intenciones del enemigo”, continuó.

Sin embargo, para el ex vicepresidente demócrata Al Gore, que compitió con Bush en las elecciones de 2000, las escuchas son un delito.

“Lo que conocemos sobre las escuchas (telefónicas) nos lleva a concluir que el presidente de Estados Unidos violó la ley de manera repetida”, afirmó Gore el lunes.

En su edición de este martes, The New York Times informó que la mayoría de este espionaje doméstico practicado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 fue improductivo y llevó a los agentes federales a perder el tiempo con pistas sin importancia.