Definitivamente vivimos en un país formado por dos sociedades paralelas donde convive la “supuesta modernidad” que se plasma en la cuantiosa inversión en un Metro como pocos países de América Latina, con miles de familias viviendo en situaciones de riesgo permanente, donde se escenifican grandes tragedias cada vez que pasa o se acerca un huracán o una tormenta.

Esta sociedad paralela muestra una variedad de vehículos de lujo circulando por sus calles que fortalecen una gran escisión social y el crecimiento de una gran brecha entre los distintos estratos sociales. En esas mismas calles que recorren estos vehículos trabajan guardianes que cuidan oficinas y comercios y devengan salarios de seis mil pesos. Estos viven en farallones como Jarro Sucio, es el caso del padre de los seis niños/as que junto a su madre murieron al caer una roca sobre su vivienda.

Guachupita, como la mayoría de los barrios marginados, tiene una textura urbana en la que se entremezclan viviendas sólidas, con callejones plagados de cuarterías, farallones y cañadas.

El hacinamiento de familias con 8-10 personas en pequeños cuartos con poca iluminación, poca ventilación (casi ninguna ventana) y uno o dos sanitarios (letrinas) para varias familias, es un patrón permanente. Un callejón puede tener un total de 15 cuartos (1-2 cuartos para una familia) con 15 familias conviviendo en estas condiciones. En un cuarto podemos encontrar una o dos camas para ocho personas, además de un fogón o una pequeña estufa en una mesa, dos sillas y una batea para lavar.

El alquiler de un cuarto puede costar hasta 1,500 a 2,000 pesos mensuales y una vivienda entre 4,000-5,000, aún cuando ésta sea de paredes de madera y techo de zinc.

Las cañadas como la de Bonavide y otras son los espacios de recreación de niños y niñas, que juegan y se dedican a buscar objetos en sus aguas negras. Igualmente en este espacio, que se convierte en callejón, se sientan las mujeres a conversar, a lavar, o se instala un juego de domino.

La convivencia con las deplorables situaciones de higiene ambiental y la continua convivencia con aguas negras han creado un hábito social a los malos olores de la cañada y a no “darse cuenta” de la violación a los derechos humanos y la negación al desarrollo humano que sufren.

Los/as moradores/as de Guachupita han vivido muchos desalojos. Los desalojos de finales de la década de los 80 dejaron el barrio dividido entre los edificios, los callejones y las cañadas.

La intervención en las zonas de riesgos de barrios como Guachupita no debe ser un simple desalojo; implica procesos de reubicación con previa participación de las organizaciones sociales que tienen vida en el barrio, además de la necesaria garantía de la vivienda segura en el proceso.

Como bien se plantea en el documento del Centro Montalvo en respuesta a la tragedia de Jarro Sucio, se necesita de una política urbana y de viviendas transparente, ausente de prácticas clientelares y políticas por parte del Estado.

No podemos esperar a que venga otro huracán u otra tormenta que agudice la vulnerabilidad en la calidad de vida de nuestra gente y que ocurran otras tragedias. Urge detener esta ola de precariedad y negligencia, pues al Estado (incluyendo el gobierno municipal) le corresponde dar respuesta a las demandas de la ciudadanía (que es quien aporta los ingresos) y a las situaciones de emergencia.