UBI RIVAS
La gráfica en primera plana que presenta Listín Diario del 02 del presente mes mostrando la totalidad de sólidos que tapona la cañada de Guajimía, un suburbio carenciado de la capital dominicana, demuestra la improcedencia de una política diametralmente descaminada.

El presidente Leonel Fernández se aprestaba a inaugurar 208 apartamentos el 31 de mayo último, en Guajimía, cuando el diluvio que se precipitó por toda la geografía nacional se lo impidió, y entonces la torrentera precipitó los sólidos de la gráfica de referencia.

Fue el entonces presidente Joaquín Balaguer quien inició la construcción de viviendas de interés social en el sector Honduras, hoy ensanche general Antonio Duvergé, a raíz de su primer mandato post-tiranía, en diciembre 1966, facilitando con muy poco avance y cuotas pequeñas, otras regalando, esos apartamentos, no a obreros de la capital, sino campesinos barriales.

Es la política inicial de desbalancear la mayoría de la población rural de un 70% entonces, a la inversa hoy, un 70% en las ciudades y grandes poblaciones, un desincentivo a la producción agropecuaria que entonces, ya no hay, consistía el pilar de la economía dominicana, trocada en hogaño por zonas francas industriales, turismo, comunicaciones y energía eléctrica.

Fue la política que acompañó la ley 199 de incentivo a la producción nacional, aquella consigna: «el producto criollo para el consumidor nacional», sin incluir los parámetros de calidad en los bienes manufacturados, hoy un sine que nom para incidir en la palabreja mágica del momento: competitividad.

Desde ese entonces al salto cualitativo del DR-CAFTA ha distado un buen tiempo como para que se secasen centenares de fuentes acuíferas y no presentamos una oferta equilibrada para el reto que solicitamos y que confrontamos hoy.

El imprescindible introito para vertebrar la entrada de hoy conducir al lector a la convicción de que todos los gobiernos desde 1966 hasta hoy, han calcado los lineamientos del presidente Balaguer en materia de edificaciones de techo con interés social pero no para los obreros de las ciudades, sino para los marginados barriales, chiriperos, vagos, oportunistas, profesionales para obtener apartamentos, venderlos y volver a residir de donde precedían y volver a la noria eterna sin solución de continuidad, porque impera la política de los votos.

Desde entonces, el suscrito ha insistido en la incorrecta de esa política habitacional que implementan los gobiernos de los tres partidos políticos que accionan el sistema que nos rige, sin resultados cambiantes ni halagüeños.

Correcto, he interpretado siempre, ha debido ser censar a los residentes barriales conforme a su oriundez, y mediante los programas de PROMIPYME, una reforma agraria bien entendida, no el mamotreto imperante desde enero 1962 cuando se inició ese desbarajuste con los asentamientos campesinos en Juma, Bonao, en la finca usurpada de José Arismendy Trujillo, sino con los parámetros eficientes de Japón, Taiwán y el Estado judío.

Fue el Plan Nativo que empezó a activar el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo con las diez tareas, también defectuoso, porque no proporcionaba medios de subsistencia a los asentados, animales en producción, techo, parcela saneada por Catastro Nacional para que fuesen objeto de crédito bancario, todo vendido, no regalado, y pagado conforme a cuotas pequeñas de lo producido.

La politiquería barata de los tres partidos, ha desvirtuado el objetivo que delineó, inclusive, el presidente Juan Bosch con las Villas de la Libertad, estipulada en la Constitución de 1963, la más avanzada redactada hasta hoy en la historia nacional.

Guajimía es una referencia triste de la incapacidad de todos los gobernantes para asumir un reto colosal de proporciones mayúsculas, transformador de la estructura social y económica del país.