Washington (EFE).- Durante más de cuatro años, el presidente de EEUU, George W. Bush, ha afirmado tener autoridad absoluta sobre la suerte de los 450 detenidos en Guantánamo, pero el revés de ayer del Tribunal Supremo le obliga a mirar al Congreso. Legisladores republicanos se han manifestado en favor de la intervención del Legislativo después de que la máxima corte del país declarara ilegales las cortes militares especiales creadas por Bush para juzgar a los sospechosos de terrorismo encarcelados en la base de Guantánamo.

El republicano John Warner, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, afirmó que será una “prioridad” la puesta en marcha de un mecanismo para enjuiciar a los detenidos, algunos de los cuales llevan presos desde que se abrió la cárcel a principios del 2002. 

La misma disposición manifestó el republicano Lindsay Graham, otro miembro del Comité. “Según el Tribunal Supremo, se necesita la aprobación del Congreso (para las cortes especiales) y estoy de acuerdo con eso, por lo que espero que logremos elaborar un estatuto del que esté orgullosa la nación y que permita juzgar a los combatientes enemigos en una corte militar”, dijo.

“Combatientes enemigos” es el nombre que se inventó la Casa Blanca para designar a los presos en la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba), que son sospechosos de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda o al grupo fundamentalista afgano Taliban. Warner afirmó que convocará audiencias sobre el asunto para después del receso legislativo con motivo de la festividad del 4 de julio en EEUU.  La buena disposición de los legisladores de su partido es la respuesta buscada por Bush, que inmediatamente tras conocer el dictamen apeló al Congreso para que diese su visto bueno a las cortes.