Ronny De la Rosa 
Un miembro de la Fiscalía General de Guatemala carga una caja con documentos relacionados con el partido político Movimiento Semilla como parte de un allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral horas después de que certificara los resultados de las elecciones del 25 de junio en la ciudad de Guatemala el jueves 13 de julio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo)
El gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), se mostró preocupado por la crisis electoral que atraviesa Guatemala y llamó a las autoridades del país centroamericano a respetar la democracia, en medio de reclamos de sectores que aseguran, se pretende judicializar el balotaje, tras unos sorpresivos resultados en la primera vuelta de junio pasado.
“El gobierno de República Dominicana manifiesta su preocupación ante la judicialización del proceso electoral en la hermana República de Guatemala, así como los intentos de irrespetar la voluntad popular expresada en las urnas el pasado domingo 25 de junio”, sentencia el comunicado oficial enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Continúa asegurando que: “Todo proceso electoral debe de realizarse al amparo de una máxima autoridad que goce de autonomía e independencia como en el caso del Tribunal Superior Electoral de Guatemala. Estas condiciones son necesarias para que el TSE pueda cumplir con sus funciones constitucionales y así garantizar la transparencia, independencia y credibilidad del proceso electoral”.
Esto, a propósito de las pretensiones del Ministerio Público del país, que exige la suspensión del partido Movimiento Semilla, cuyo candidato, Bernardo Arévalo, quien es hijo del exmandatario Juan José Arévalo, obtuviera un inesperado segundo lugar, detrás de la exprimera dama Sandra Torres, representante del partido Unidad Nacional de la Esperanza.
Torres, esposa del exmandatario Álvaro Colom, encabezó los resultados de la primera vuelta del 25 de junio con un 15%, aunque la sorpresa la dio el partido Semilla y su candidato Arévalo, quien sacó un 12% de los votos, rompiendo todas las encuestas que nunca le otorgaban más de un 5%.
Los resultados, que pocos predecían, provocaron una crisis que se mantuvo por más de 10 días, mientras las autoridades electorales hacían oficial los resultados.
En ese sentido, el gobierno dominicano urgió a los actores involucrados respetar la democracia y apegarse a las leyes del país.
“Hacemos un llamado para que la institucionalidad democrática guatemalteca, con estricto apego a las normas legales, brinde las garantías necesarias para que, en la segunda vuelta, ambos candidatos, puedan participar en igualdad de condiciones y que la ciudadanía pueda expresar libremente su voluntad soberana”, indica el comunicado hecho público por el Mirex.
Termina haciendo la reiteración de que “solo mediante el voto, el respeto de la constitución y la normativa vigente, se puede lograr la estabilidad democrática de la República de Guatemala”.
Polémica
Decenas de personas se han manifestado en la nación centroamericana para exigir que la voluntad del pueblo sea expresada en las urnas y no mediante procesos judiciales que buscan deshabilitar al partido que ahora irá a segunda vuelta.
Sin embargo, organizaciones políticas que quedaron fuera del balotaje y que según las encuestas contaban con más posibilidades que el partido Semilla, apoyaron la decisión de suspender esta organización por la supuesta falsificación de firmas para su conformación.
Pese a este reclamo, el Tribunal Superior Electoral ha ratificado los resultados y se prepara para una segunda vuelta entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo, bajo el amparo de que constitucionalmente, ningún otro órgano puede interferir en el proceso.
La segunda vuelta está pautada para el próximo 20 de agosto y desde ya, sectores internos reclaman unas elecciones sin traumas y sin utilizar a la justicia como herramienta política.
Pese a las protestas, el Ministerio Público guatemalteco ha realizado allanamientos a oficinas de Semilla, en busca de pruebas que sustenten la supuesta ilegitimidad del movimiento, que tras su sorpresivo ascenso, obligó a las demás organizaciones cambiar de estrategia y aferrarse a su descalabro, para cambiar las condiciones y posibilidades.
