LEANDRO GUZMÁN
Los recientes actos de violencia relacionados con la delincuencia, con víctimas de los más diversos sectores de la sociedad dominicana, nos llevan a variadas reflexiones, entre ellas algunas que podrían caer en el campo de la especulación.

Esos hechos, en los que participan jóvenes armados y de diversos estratos sociales, están colmando la paciencia de mucha gente que se siente indefensa, en la creencia de que no existen autoridades capaces de poner fin a tantos crímenes y delitos contra la sociedad.

Uno se podría preguntar si existe o no algún plan orquestado encaminado a desesperar a las autoridades y crear así una actuación de “mano dura”, por la cual abogan algunos sectores, quizás con la nostalgia de resolver los grandes problemas del país a base de macana, como hace alrededor de 60 años, cuando sufríamos una férrea dictadura que se jactaba de que entonces no sucedían tales cosas.

Sin embargo, los que así razonan parecen olvidar que si es cierto que había paz, era la paz de los cementerios, por cuanto todo aquel que osaba disentir o cometía delitos como los que actualmente se producen, eran apresados, torturados o simplemente desaparecidos sumariamente.

Las autoridades que tienen la misión de combatir la delincuencia, además de establecer programas como los llamados “barrios seguros” y “seguridad democrática”, deberían pensar en la posibilidad de buscar conexiones entre aquellos que propician la “mano dura” y las acciones de violencia contra indefensos ciudadanos que se han registrado en los últimos tiempos.

Si suman más las armas empleadas por los asaltantes o atracadores que los policías asesinados para despojarlos de ellas, uno se pregunta ¿de dónde salen tantas armas?

Si la respuesta es que son traídas de contrabando desde Haití, había entonces que concluir en que la vigilancia fronteriza es un mito o necesita ser ampliamente reforzada.

Esto lo decimos porque en los aeropuertos y puertos marítimos hay una estricta vigilancia para evitar el trasiego de armas desde el extranjero, tanto en los lugares de origen como los de destino.

Pero lo cierto es que en nuestro país hay una juventud descarriada y armada que mantiene en jaque a las autoridades y a la sociedad. Se trata, según se ha determinado, de jóvenes adictos a las drogas. En vista de que no trabajan para poder conseguir el dinero para comprarla, apelan a los atracos sin importar quienes sean sus víctimas.

Endrogados, fuera de sí, casi siempre matan a quien oponga resistencia e incluso ha habido casos en que lo mismo ha sucedido cuando la persona asaltada accede pacíficamente a las demandas de los atracadores.

Hay quienes creen que matando indiscriminadamente a los delincuentes se pondrá fin a sus actividades. Esas soluciones truculentas eran propias de la tiranía. Pero hoy hay un mundo nuevo y las soluciones tienen que ser nuevas y modernas. Los dirigentes gubernamentales y sus asesores en materia de seguridad, son quienes deben trazar los parámetros para ajustarse a esa modernidad.

Estamos conscientes de que no es fácil lograr un cambio y un crecimiento, como lo exige el fortalecer el proceso democrático, pues siempre hay una cuota de sufrimiento. Hay que entenderlo así, pues nunca ha habido cambios positivos en una sociedad sin esfuerzo colectivo, que no necesariamente debe incluir el uso de “la mano dura”.

Para sancionar los crímenes y delitos están las leyes y los magistrados, quienes tienen la enorme responsabilidad de actuar drásticamente, apegados a los textos y a su conciencia, sin buscar argucias que permitan a los violadores de la Ley salirse con la suya, logrando la libertad a las pocas horas de haber cometido sus delitos, todo por un nuevo Código Procesal Penal que parece haber sido diseñado para proteger no solamente los derechos de los ciudadanos, sino de los delincuentes que no creen en los derechos de los demás.

No podemos esperar permanentemente que el pueblo se eduque y tenga conciencia de sus derechos como se debe, pues esto es una tarea de años. A nuestro juicio, lo que procede es aplicar las leyes como procede, pues no es posible que cada vez que se comete un crimen o delito, se saque a colación que el acusado tenía un prontuario que lo invalida para estar circulando libremente por las calles.

Si hay que endurecer las leyes existentes, pues que se haga. El Colegio Dominicano de Abogados tiene en su membresía magníficos juristas, que podrían coordinar modificaciones a los textos legales existentes, para en base a la Ley enfrentar como se debe a la delincuencia. Ese es un reto para los abogados.

Entretanto, no debemos abogar, aún en medio de nuestra desesperación, por la llamada “mano dura”, que no es más que la truculencia disfrazada.

La historia de nuestro país, infortunadamente, está harta de la mano dura, pues eso sería iniciar una guerra contra la democracia.