La violación a la Constitución de 1963 expresada en el derrocamiento manu militari del Presidente Juan Bosch, el primer gobierno electo democráticamente tras la tiranía trujillista, fue el detonante que desató la guerra de abril y provocó la segunda intervención militar de Estados Unidos a nuestro territorio.

Se proclamaron constitucionalistas aquellos militares que tumbaron al régimen del triunvirato de facto, que abogaban por el retorno de Bosch al poder y que lucharon con las armas contra el invasor para volver a la legalidad del 63. A ellos debemos profunda gratitud.

Muchos de los que hoy gobiernan, mayores o aproximados a los 60 años, fueron protagonistas excepcionales de aquella gesta histórica, que debe ser un punto de inflexión entre la guerra y la paz; entre el constitucionalismo y el despotismo.

La guerra del 65 tiene que ser la escuela constitucional por excelencia de la clase política dominicana, pero no es así. Un sector de ella aprendió de Joaquín Balaguer que la Constitución “es un pedazo de papel”, capaz de cubrir las famélicas carencias democráticas de grupos enquistados en el poder y que puede modificarse antojadizamente. El irrespeto a la Carta Magna es una constante en la vida pública, pautada desde el pináculo del poder. Por eso ni siquiera las leyes de tránsito son respetadas.

Hoy asistimos a un nuevo intento de reformar la Constitución -38 veces ha sido reformada, 32 por reelecciones- para concederle al Presidente Danilo Medina un nuevo cuatrienio. La discusión no es si él la merece o no; la cuestión es si respetamos o no la Constitución, que está por encima de los merecimientos del jefe del Estado, por demás hábilmente publicitados.

Bosch y los constitucionalistas muertos legaron a la posteridad una lección: el respeto a la institucionalidad democrática. ¿O no?