Guido exige al MOPC aclare contrato ECOCISA

El dirigente político Guido Gómez Mazara exige al ministro de Obras Públicas (MOPC), Gonzalo Castillo, aclarar todo el proceso de la licitación No. CCC-LPN-2019-008, en la que a la constructora Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA) se le asigna toda la fase de diseño y construcción de la circunvalación de Baní, por un monto de RD$ 2,199,326,653.73.
Califica de alarmante que existiendo un contrato previo, el titular de esos derechos sea sustituido, existiendo un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) interpuesto contra la resolución 175-2017, dada por el Ministerio de Hacienda.
Afirma que esto genera la sensación de intereses “nebulosos”, decididos a imponer un beneficiario con públicas vinculaciones políticas y arquitecto de saltos y cambios de activista de organizaciones opositoras, entusiasmado repentinamente con la causa oficialista. “La Dirección de Contrataciones Públicas estableció en su resolución 82-2014 un precedente que debió respetar Obras Públicas, antes de favorecer a ECOCISA, de “cuando una obra no cuenta previamente con el diseño definitivo, y la institución contratante solo presenta el diseño conceptual, deja a la administración en un estado de indefensión, y por vía de consecuencia, a esa falta se suman las 25 observaciones establecidas por los técnicos que institucionalmente cuestionaron una oferta que, extrañamente, terminó en manos de una empresa constructora con “singular” suerte durante los últimos años”, expresó el abogado y profesor universitario. Gómez Mazara declaró que así como se le favoreció en el caso de la circunvalación de Baní, esa empresa tuvo la gracia de obtener una parte importante de la carretera Navarrete-Puerto Plata.
Advertencia
Guido Gómez Mazara expresó que no es posible que las relaciones con el poder sigan constituyéndose en la fuente de favoritismos que tanto daña la institucionalidad en el país. Recordó que el artículo 262 y siguientes del Código Penal habilita a toda persona que conozca de un hecho ilegal a ponerlo en conocimiento de las autoridades , y la Ley 821 en su artículo 57 establece que es el Ministerio Público el llamado a perseguir las infracciones.