Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), unificados alrededor de la corriente “Por el rescate del PRD”, depositaron por ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) un recurso mediante el cual solicitan anular las facultades estatutarias asignadas al presidente de esta organización, Miguel Vargas Maldonado.

Un comunicado de prensa enviado a esta redacción expresa que Aníbal García Duvergé, Andrés Henríquez y Aurelio Valenzuela junto a otros dirigentes del partido blanco, asistidos de sus abogados, Guido Gómez Mazara y Homero Samuel Smith incoaron la primera de un pliego de acciones legales llamadas a devolverle al partido blanco el ritmo institucional capaz de activar los circuitos de participación y apertura limitados por una noción estatutaria diseñada a imagen y semejanza de Miguel Vargas Maldonado, que alegadamente viola la hoja de vida organizacional y presuntamente trasgrede normas constitucionales claramente definidas por la jurisprudencia electoral.

Dice que la acción por ante el TSE pretende anular los artículos, 55,62 y 173 de los estatutos del PRD “porque liquidan el ámbito de actuación de los organismos y crean instrumentos revestidos de legalidad” donde los mecanismos de sustitución dependen del presidente de la organización y cualquier ausencia o vacío institucional se orquesta alrededor de la voluntad de la máxima autoridad para ser designado.

“Para los dirigentes del PRD lo que acontece es que una noción enfermiza de control de la organización encontró en la noción de poderes especiales que, casi siempre, eran asignados en el marco de candidaturas presidenciales para facilitar negociaciones y acuerdos con otros partidos, la matríz de asentar en los estatutos de manera permanente una característica excepcional mediante la cual los espacios partidarios competidos y soemtidos al voto directo y universal se reemplazaron para hacer de los estatutos un traje a la medida de Miguel Vargas Maldonado”, expresa.

Gómez Mazara y Homero Smith sostuvieron que, una mala interpretación de los poderes especiales, han conferido poderes “celestiales” al Presidente del PRD, en franca violación a la jurisprudencia electoral que mediante sentencia 019-2014 y en el marco de los artículos 6 y 216 de la carta fundamental limitan con claridad la vida y actuación institucional de las organizaciones partidarias.