El economista Guillermo Caram afirmó que los acontecimientos acaecidos en las últimos tiempos en el país hacen imperativo, para la sostenibilidad y supervivencia de la democracia, una reingeniería gubernamental basada en 17 prioridades para el 2017.
Citó entre esas prioridades “sustituir la economía especulativa, consumista, dependiente e informal que tenemos por una más productora de bienes y servicios que satisfaga nuestras necesidades procurando más autosuficiencia y oportunidades de trabajo
También superar las precariedades en los servicios públicos de educación, incluyendo arte y cultura, salud, energía y transporte.
Otro punto es procurar establecimientos humanos debidamente ordenados y preservados ambientalmente, tales como las zonas urbanas mediante reordenamiento habitacional vinculados entre lugares de trabajo y servicios
Además, en las zonas rurales para apoyar el equilibrio demoterritorial y ambiental, y apoyar la actividad agropecuaria
Para alcanzar una fiscalidad superavitaria, Caram sugiere que se detenga la vorágine del endeudamiento y disminuir los riesgos de imponer drásticamente recortes de gastos en servicios.

Sugiere, asimismo, simplificar el sistema tributario y disciplinar la administración pública y financiera para transmitir disciplina a una sociedad que se indisciplina cada día más.
Otras sugerencias del ingeniero Caram son procurar una sociedad más sana, segura, sin ilegalidades, para lo cual se requiere combatir corrupción e impunidad reformando del sistema judicial, penitenciario y policial.
“Cumplir las previsiones constitucionales sobre nuestro sistema político y de partidos; preservar nuestra integridad nacional amenazada por presiones fronterizas – migratorias inadecuadamente manejadas”, dice el ingeniero Caram.
Además, implementar la recomendación de concertación aludida por el Banco Mundial, partiendo con la de líderes y organizaciones partidarias para proporcionar efectividad a la concertación social establecida en la Constitución de la República.
Otra prioridad es propiciar la reforma del sistema de funcionamiento y financiamiento de los partidos alcanzable mediante el código electoral en agenda y considerar seria y rigurosamente las disposiciones de la Constitución relativas a la capacidad de denuncia ciudadana y derecho de igualdad, entre otros puntos.

Entre los problemas que dice han afectado al país en los últimos meses y que requieren cambios estructurales en la estructura del Estado cita el caso de los asaltos del exmilitar Jhon Percival Matos y la repartición de US$ 92 millones entre funcionarios por la empresa constructora brasileña Odebrecht, reflejo de la corrupción.
También la venta irregular de terrenos estatales, la implementación de leyes ejemplificadas en las reacciones oficiales en torno a la de declaración jurada de bienes y los resultados de políticas económicas y sociales evidenciados en los dictámenes de organismos internacionales.
“En el caso Percival, fue necesario una reprimenda del Presidente de la República, al parecer enérgica, a juzgar por el cambio de rostro del sempiterno sonriente y orondo ministro de Interior pero que lució serio y adusto en la rueda de prensa del gabinete de seguridad del Gobierno; para que estos actuaran entonces con una brutalidad desproporcionada, compensatoria de sus omisiones deliberadas o no”, dijo Caram.
Agregó que con “este proceder el Gobierno demostró que cuando se quiere se puede y que ordinariamente nunca quiere y que en consecuencia no actúa previsora ni preventivamente, sino con indiferencia e indolencia, a menos que convenga a los intereses presidenciales, evidenciando una grave falta de institucionalidad”, manifestó.
Agregó que “de hecho, casos ocurridos después de los acontecimientos Percival han pasado desapercibidos al Gobierno”.
El exgobernador del Banco Central señala que la reprimenda gubernamental y las reacciones del funcionariado relacionada con la seguridad demuestran varias actitudes contrarias al Gobierno.
Cita entre esas actitudes que no existe voluntad política ordinaria para superar la inseguridad ciudadana; que el funcionariado gubernamental no está ocupándose del cumplimiento ordinariamente de sus responsabilidades gubernamentales, incurriéndose en negligencias en el cumplimiento de deberes.
También “que es necesario una reacción presidencial para que los funcionarios actúen; que estas negligencias se compensan con operativos desproporcionados violentando procedimientos elementales consagrados en nuestras disposiciones legales y asumidos en compromisos internacionales para la consecución de una sociedad justa y libre”.
Añadió que ante la corrupción, el funcionariado ha reaccionado intentando sobreseer la denuncia sobre Odebrecht presentándola como un caso que no le reviste interés a los gobernados o como un caso ya consumado o haciendo un evasivo bulto mediático con la solicitud de expedientes a las instituciones públicas, como si a los receptores de los US$92 millones fueran ingenuos para dejar constancia en documentos.