La grave situación nacional que padecemos los dominicanos requiere de decisiones drásticas y acciones de emergencia, propias de la crisis que nos encontramos. Implementadas independientemente de cuan radicales sean, pensando en el interés nacional, para que sobreviva la nación, aún cuando lesionen limitados intereses particulares. Postuladas frontal y contundentemente, sin contemplaciones y ni ambages. Ejecutadas sin demoras, mientras más pronto mejor, para que resulten menos costosos y dolorosas; y preferiblemente con la asistencia del FMI para poder renegociar la deuda externa.

Un programa para encarar esta crisis, deberá contener, por lo menos, las cinco previsiones siguientes:

En primer lugar, suspender todo género de financiamiento interno del Banco Central y toda fuente de emisión no compensada con adquisición de divisas; incluyendo los pagos por depósitos asumidos como consecuencia del mal manejo gubernamental de la crisis bancaria y por encaje legal; así el abandono de políticas desmonetizadoras que elevan los intereses a la producción y al consumo. Los préstamos, adelantos y redescuentos del Banco Central que se encuentren vencidos serán exigibles de inmediato, así como todos los demás en su fecha de vencimiento; prohibiendo la concesión de nuevos recursos bajo estas calidades. Los compromisos asumidos por la ilegal intervención del Banco Central en las crisis bancaria, deberán honrarse mediante otras fórmulas como dación de activos, empresas, propiedad accionaria, etc.

En segundo lugar se deberá adoptar un Programa de austeridad en la administración del gobierno, prohibiendo los déficits. Cada organismo del Estado deberá recibir una asignación global en función del porcentaje de gastos consignado en el Presupuesto y de las recaudaciones ordinarias, y sus titulares tendrán que ajustar sus gastos a las asignaciones; quedando prohibido la solicitud de subvenciones especiales, préstamos, adelantos, sobregiros, etc. Los organismos con ingresos propios, incluyendo el Banco Central, tendrán que desenvolverse sin auxilio del gobierno. Los fondos especializados serán respetados, incluyendo los destinados al pago de la deuda, limitándose ésta a lo efectivamente recaudado.

En tercer lugar deberá reducirse el gasto corriente mensual del Gobierno al 50% de las recaudaciones ordinarias. Para ello será necesario el cumplimiento de las disposiciones relativas a la suspensión de empleados y/o familiares que prestan servicios en más de un organismo, la suspensión de las operaciones de aquellos organismo que no estén amparados por ley y los que operen en locales privados hasta tanto se justifique su necesidad. Las alternativas de reducción de horarios de trabajo compatible con la de sueldos, debe considerarse antes del despido de empleados.

En cuarto lugar se deberá satisfacer necesidades perentorias de la población, especializando a estos fines el otro 50% de las recaudaciones ordinarias a las construcciones de obras y a programas de asistencia social administrados por organizaciones de la comunidad dispongan no menos de 5 años de operación y cuenten con estados financieros auditados por un CPA. Los proyectos cuyo componente importado sea superior al 80% serán financiados por organismos internacionales y/o por gobiernos amigos, debiendo desestimarse los financiamientos provenientes de fuentes externas de carácter comercial. El financiamiento de las construcciones municipales – calles, avenidas, mercados, cementerios, etc – serán traspasadas a los ayuntamientos quienes deberán dar una aplicación estricta a las disposiciones de la ley relativa a porcentajes de inversión de los recursos provenientes del gobierno vía la LMD.

En quinto lugar se deberá adoptar un programa de alivio fiscal que estimule la producción, el empleo y el ingreso de los trabajadores inmediata del 1.5% sobre las ventas como anticipo – impuesto mínimo y la reducción de un 2% del pago del ITBIS para que quede en un 10% sobre todas las transferencias de bienes y servicios, exceptuando los establecimientos cuyas ventas mensuales estén por debajo de lo estipulado por la ley, previa indexación de los montos establecidos en las mismas. Los recargos transitorios al comercio exterior, a las exportaciones e importaciones, deberán ser inmediatamente eliminados.

Próximamente plantearemos las acciones de emergencia a tomar en los cinco sectores claves: producción de alimentos y preservación ambiental, energía, combustibles y transporte, salud y educación.