Guillermo Moreno, presidente del Partido Alianza País, indicó que la eliminación del «barrilito» y el «cofrecito» es ante todo una decisión política y que el Presidente de la República, Luis Abinader tiene los medios para lograrlo.  

“La eliminación del barrilito y el cofrecito primeramente es una decisión política. Por eso, la vía de hacerlo realidad es que el propio Presidente, utilizando el peso de su liderazgo en su partido, alinee a sus legisladores en la renuncia del barrilito y el cofrecito”, reiteró.

Expresó que una acción de este tipo dejaría aislada a la minoría de legisladores de otros partidos que continúen recibiendo tales fondos en el Congreso, quienes terminarían renunciando ante la presión creciente que desataría la ciudadanía en su contra.

Moreno consideró importante la declaración del presidente Abinader sobre el barrilito, quien dijo que apoyaría a sus legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso “para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos”.

 Sin embargo, Moreno consideró que lo que corresponde no es «reencauzar», sino eliminar la asignación de tales fondos, debido a que la finalidad de brindar asistencia social no entra dentro de las competencias de los legisladores, a saber: representar, legislar y fiscalizar.

Al referirse al anuncio del presidente Abinader sobre la modificación a la Constitución con la intención de blindarla, Moreno consideró que para ello lo más apropiado es que se contemple a la Constituyente electa por voto popular, pues evitaría que cada partido o Presidente que alcance una mayoría congresual coyuntural “se aventure a hacer “su” reforma”.

A su vez, Moreno planteó como muy importante la contratación de un cuerpo de abogados, como actores civiles, para que representen al Estado en la reclamación de los bienes sustraídos y los daños recibidos a consecuencia de los actos de corrupción. 

Asimismo, anotó la necesidad de impulsar y aprobar una ley de extinción de dominio que permita recuperar los bienes o productos de los actos de corrupción y de otros ilícitos, “sin importar quién lo tenga en su patrimonio ni la forma como lo haya adquirido”, reclamó el dirigente político.