El presidente del partido Alianza País solicitó ayer al Poder Ejecutivo que retire el contrato de fideicomiso de Punta Catalina que se encuentra en el Senado y que “desista de entregar la termoeléctrica bajo la modalidad de este fideicomiso”.

Guillermo Moreno señaló que en el país no existe una ley que regule los fideicomisos públicos y que, de entregarse Punta Catalina bajo este esquema, “esta escaparía del control de la Cámara de Cuentas, los préstamos que contraiga no pasarían por el Congreso y las compras que realice se harían al margen de la ley de compras y contrataciones”.

Dijo que aunque el contrato incluye a Banreservas, el comité técnico lo forman empresarios “con serios conflictos de intereses”.

Presidente Abinader formaliza petición auditoría a Punta Catalina

El presidente Luis Abinader solicitó ayer a la Cámara de Cuentas una auditoría financiera a la Central Termoeléctrica Punta Catalina y la determinación de su costo financiero.

En la comunicación dirigida al Pleno de la Cámara de Cuentas, se resalta que “el Gobierno dominicano está recibiendo los resultados de la auditoría técnica que sobre la Central Termoeléctrica Punta Catalina efectuó la firma estadounidense Sargent & Lundy, adjudicataria mediante previo proceso de licitación pública”.

Agrega la misiva del presidente que cumplido ese requisito precedente, “en ejercicio de las atribuciones que me confieren la Constitución y las leyes de la República Dominicana, estamos solicitando a esa honorable Cámara de Cuentas la realización de una auditoría financiera sobre dicho activo, que abarque hasta el 31 de diciembre de 2021”.

La solicitud fue recibida por el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, en compañía de todos los miembros de su pleno, de manos del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Antoliano Peralta Romero.

Se resalta que la misma responde a la línea asumida por el Gobierno, en el sentido de cumplir y hacer cumplir los principios de transparencia, publicidad y juridicidad, previstos en el artículo 138 de la Constitución de la República como rectores del accionar de la Administración Pública.