El coordinador de la comisión de seguimiento a la auditoría al contrato JCE-SOMO, doctor John Guilliani, desautorizó ayer a sus miembros a ofrecer declaraciones sobre el experticio, afirmando que nada de cuanto se diga o publique sobre el tema responde necesariamente a la verdad.
Dijo que el contenido final de los informes de auditoría que deberá entregar esta semana el Consorcio RSM-BPAM son pasibles de observaciones por parte del pleno de la Junta Central Electoral, el cual dijo, es quien tiene la última palabra.
Refirió que los términos de referencia de la licitación para el experticio al proyecto de automatización de los registros Civil Electoral, establecen inclusive la retención del 20% al Consorcio auditor, hasta tanto el pleno no haga sus observaciones a la auditoría y finalmente de visto bueno.
Por consiguiente, cualquier información que se dé sobre la auditoría o sobre el contenido de la misma antes del pleno de la Junta emitir o autorizar su publicación, no responde a la verdad, advirtió Guilliani.
Esto así, -agregó-, porque esas observaciones pueden ser corregidas y al momento de corregirlas podría variar el contenido de la auditoría.
La comisión designada por el pleno de la Junta Central Electoral para atender los requerimientos del consorcio auditor, lo integran Guilliani Valenzuela y Aura Celeste Fernández, de la Cámara Contenciosa, y César Féliz Féliz y José Angel Aquino, de la Cámara Administrativa. Guilliani Valenzuela negó haber hablado de interpelar.
Más del informe
En su tercer informe el Consorcio RSM-BPAM señala que en los términos del contrato JCE-SOMO no se establecieron procesos de evaluación para la estimación del uso de los servidores y de registros a procesar, ni las capacidades en discos que se utilizarán con la digitalización y base de datos, tanto en el arranque del proyecto como la proyección de crecimiento en los próximos cinco años, que en promedio requiere de actualizaciones en las tecnologías computacionales.
Agrega que tampoco se estableció el proceso que se tenía que digitalizar los libros del registro civil, así como el universo del total a digitalizar, y que la evaluación de las ofertas de los oferentes fueron calificadas con información incompleta.