El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, valoró el fallo de la Suprema Corte de Justicia en favor del Estado dominicano en el recurso de casación del caso Bahía de las Águilas, lo que calificó de un triunfo definitivo de la Justicia, desmontando el fraude que hace años se cometió en estos terrenos de Pedernales.

Junto al ministro de la Presidencia, en la información ofrecida en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, estuvo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.

A continuación las palabras de Gustavo Montalvo:

Este es un día histórico y de gran alegría para la República Dominicana.

Esta mañana se ha dado a conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor del Estado dominicano en el recurso de casación del caso de Bahía de las Águilas.

Esto significa que, a partir de hoy, 362 millones de metros cuadrados que habían pasado a manos particulares por vías fraudulentas han retornado a ser propiedad del Estado dominicano.

Con este paso, la justicia ha triunfado definitivamente y queda totalmente desmontado el fraude que hace años se cometió con estos terrenos en Pedernales.

Siendo esta la instancia más alta de la justicia que puede pronunciarse sobre el caso, se ha confirmado, sin posibilidad de apelación, la decisión que anuló la totalidad de los deslindes y títulos obtenidos de forma fraudulenta por los reclamantes de derechos sobre dicha porción de terreno.

Esto es algo que nos llena de satisfacción y, sobre todo, es una muestra de lo que se puede lograr con voluntad política, con transparencia y poniendo en primer lugar los intereses del pueblo dominicano.

El Presidente Danilo Medina, en el año 2013, decidió continuar con la demanda e impulsarla de manera definitiva y prioritaria, dedicando los recursos humanos y económicos necesarios para darle seguimiento y llegar hasta el final. Eso ha permitido que el Gobierno dominicano obtuviera fallos a favor en primer grado, en apelación y, hoy, un fallo final e irrevocable en casación.

Sin embargo, esta historia empieza mucho antes y vale la pena recordar lo que ocurrió para comprender lo logrado en toda su dimensión.

Entre 1992 y 1995 varios funcionarios del gobierno de entonces y del registro de títulos de Barahona, en contubernio con algunos allegados, generaron títulos irregulares a favor de particulares, incluyendo terrenos del Parque Natural Jaragua, violando así tanto las leyes inmobiliarias como las leyes medioambientales.

Posiblemente en ese momento, este grupo pensó que podría burlar la ley y quedar impune.

Sin embargo, no fue así, porque en 1997 la Dra. Piky Lora, como abogada del Estado, inició un proceso para recuperar estos bienes que son propiedad de todos los dominicanos.

Hay momentos en los que la dignidad de todo un pueblo se muestra en un pequeño acto individual. Y este fue uno de esos momentos.

Ese proceso legal, que habría de durar 21 años, lo continuaría su hija, la también abogada Laura Acosta, que siguió defendiendo desde el 2013, los intereses del Estado en los tribunales de manera incansable.

Quisiera expresar el reconocimiento del gobierno a estas dos mujeres excepcionales, así como al equipo legal que las ha acompañado durante esta larga lucha.

Es justo, igualmente, reconocer la labor del poder judicial, que ha mostrado su alto grado de compromiso, responsabilidad e independencia en cada uno de los fallos.

Tengan por seguro que el pueblo dominicano reconoce y agradece la labor de estos magistrados.

Señoras y señores,

Esta sentencia definitiva, no solo nos llena de satisfacción porque se ha hecho justicia, sino también porque nos abre las puertas para dar el impulso definitivo a los diversos proyectos que necesita y merece la provincia de Pedernales; entre ellos, el anhelado desarrollo turístico sostenible, que, entendemos, mejorará las condiciones de vida de la región suroeste.

Estos años hemos trabajado en sentar las bases para este desarrollo, a fin de que sea un proceso ordenado y planificado. Y a partir de hoy, con esta sentencia favorable, podremos acelerar la implementación de los planes en marcha, contando con la necesaria seguridad jurídica.

Esta sentencia prueba que el Estado de Derecho funciona en la República Dominicana.

En definitiva, esta sentencia nos llena de orgullo y nos muestra el verdadero camino para defender la Patria: el camino de la perseverancia, la defensa de la ley y el trabajo bien hecho.

Muchas gracias

Sobre el caso. El Ministerio Público logró que la Suprema Corte de Justicia acogiera un recurso de casación parcial contra una parte de la sentencia del caso Bahía de las Águilas, emitida por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, relativa a la parcela 215-A, del Distrito Catastral No. 3 de Enriquillo, Barahona, interpuesto con el fin de que la misma fuera anulada, sin envío a otro tribunal por no existir más nada que juzgar.

 El órgano del sistema de justicia indicó que interpuso el recurso de casación parcial contra la sentencia No. 20160662, dictada el 24 de febrero del año 2016, por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, por no estar de acuerdo con varios puntos de la misma.

 Explicó que el recurso fue interpuesto en virtud de que en el dispositivo de dicha sentencia no se ordenó la anulación de todas las constancias anotadas en el certificado de título que ampara el derecho de propiedad del Estado dominicano en dicha parcela, tal y como lo establece la sentencia 126-2014 de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Departamento Central. Además, porque en el dispositivo el tribunal no se refirió a determinadas conclusiones incidentales de las partes y no hizo constar los medios de inadmisión.

 El Ministerio Público manifestó estar de acuerdo solo con la parte de la sentencia mediante la cual se cancelaron todos los deslindes y subdivisiones que estaban a nombre de particulares de manera ilegal.

 La información destaca que el alto tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, declarando regular y válido, tanto en la forma como en el fondo, el recurso de casación parcial, convirtiendo la sentencia de primer grado en definitiva, con la cual se cierra un arduo proceso judicial de varios años.

Al conocer la sentencia emitida por el alto tribunal, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, la calificó como un trascendental avance en los procedimientos judiciales que llevan en materia inmobiliaria, el cual dijo traerá grandes beneficios a la nación con el desarrollo del proyecto gubernamental que busca convertir esa zona en un activo polo turístico y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo económico a la zona sur del país.

 “Esta es una decisión que valoramos y con ella nos acercamos mucho más a la meta de lograr la recuperación de todos los inmuebles que están de manera ilegal en poder de particulares, demostrando una vez más el interés y el compromiso que hemos asumido para recuperar ese patrimonio, que como hemos dicho en otras oportunidades, corresponde única y exclusivamente al Estado y al pueblo dominicano”, manifestó el magistrado Rodríguez.

 En relación a este caso de Bahía de las Águilas, la institución resaltó los esfuerzos desplegados por el Ministerio Público a través de la Oficina del Abogado de Estado en el cumplimiento de su rol como representante de los intereses de la sociedad, desplegando los esfuerzos necesarios para que el Estado no salga perjudicado en este fraude colosal y que se le reconozca como único y legítimo propietario de dichos terrenos.

 Señaló que durante el proceso judicial de este caso han logrado obtener pruebas contundentes que demuestran la expedición de más de mil constancias de títulos de propiedad que fueron obtenidos por particulares de manera fraudulenta.

 El Estado dominicano es representado en este caso por el procurador general de la República a través del abogado del Estado, Gedeón Platón Bautista Liriano; y los abogados César Bienvenido Ramírez Agramonte, quien representa al Instituto Agrario Dominicano (IAD); Miguelina Saldaña Báez, a la Dirección General de Bienes Nacionales; Germán Ramírez, al Ministerio de Turismo, así como por abogados del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y los abogados particulares, constituidos y apoderados especiales, Laura Acosta Lora, Manuel de Jesús Cáceres Genao, Samuel Ramia Sánchez, Gustavo Biaggi Pumarol y Blas Minaya.