El general (r) Rafael Guillermo Guzmán Fermín atacó la Resolución 201, emitida el 20 de este mes por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), por considerar que con esa disposición la cartera oficial se descalifica como árbitro del conflicto de intereses entre quienes favorecen y quienes objetan la venta de combustibles líquidos y gaseosos en una misma estación.

En una declaración pública titulada “Resolución ministerial que afianza monopolio privado”, el exjefe de la Policía Nacional afirma que el MICM, a pesar de afirmar que próximamente decidirá sobre el tema en controversia, con su resolución favorece claramente la posición de una de las partes en desacuerdo, “en detrimento de la otra, en flagrante contravención a los más elementales protocolos de las funciones del Estado, de ser juez mediador cuando existen intereses en conflicto”.

Dijo que la justicia es la primera virtud de las instituciones políticas del Estado, así como la verdad es la base de la justicia y la guía del derecho. “Por consiguiente, todo negocio o contrato por muy ganancioso que sea debe ser rechazado, o cuanto menos revisado, si no es justo o es soportado bajo los pilares fundacionales de una posición dominante”.

“Es por ello, que cualquier ley, decreto, resolución, y hasta las propias instituciones, por más desarrolladas y efectivas que sean, si no están enmarcadas dentro de los parámetros de la justicia, equidad y libertad, deben ser reorganizadas o desmanteladas, ya que, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional de un Estado social y democrático de derecho y los derechos fundamentales supranacionales, cada persona física o jurídica está protegida por una inviolabilidad amparada en la justicia, que garantiza, a su vez, el mismo bienestar social a todos los ciudadanos”.

Guzmán Fermín entiende que toda medida injusta es un atentado a la libertad individual, colectiva o empresarial, que debe de ser obligatoriamente corregida por el Estado.

“La sorpresiva resolución de este ministerio puede dar toda la razón al economista asociado de la Escuela Liberal Francesa, Gustave de Molinari, autor del pensamiento de referencia de este ensayo, cuando advierte: “Del mismo modo que la guerra es consecuencia natural del monopolio, la paz es la consecuencia natural de la libertad”, dijo.

Expresa que en un Estado democrático, social, de derecho, de libre mercado y de amplias libertades públicas, el único que puede detentar un monopolio es el propio Estado. Fuera de ello, toda manifestación monopólica y sus sinónimos -acaparamiento, cártel, concesión, exclusividad, agio y centralización- constituye, no solo una violación a la Carta Magna, sino que degrada todas las reglas del libre mercado y políticas de competencia.

Guzmán Fermín advierte que “las políticas de libre competencia juegan un papel importante para frenar a los monopolios dentro de la construcción de una agenda de seguridad nacional toda vez que el Estado está en la obligación de crear el marco regulatorio para el diseño, desarrollo y articulación de los instrumentos institucionales capaces para fortalecer la competencia, libre y justa, a nivel nacional”. Llamó a las autoridades a seguir demostrando su compromiso para brindar respuestas a las falencias y taras del mercado, y corregir aquellas estructuras que distorsionan la economía nacional, que afectan a toda la sociedad y corroen las instituciones políticas.

Y se pregunta: “¿Cómo es posible que el Estado fomente un monopolio sobre un bien estratégico tan sensible como es el GLP, y lo ponga en manos de solo dos empresas privadas? ¿Acaso no bastaría con una simple orden de un empresario sensiblero para retrasar por una semana el arribo de barcos tanqueros con carga de gas, para generar una crisis nacional en el sector transporte, hogares, empresas y sector turístico del país, logrando poner de rodillas a cualquier Gobierno por más fuerte que sea?

Dice que por esto y otras razones, plantea que la concesión monopólica frena la competitividad y crea una peligrosa fragilidad para el Estado, siendo a todas luces un atentado a la seguridad nacional.
Cuestionó los mecanismos mediante los cuales el sector privado favorecido con la Resolución 201 ha conseguido semejantes privilegios por parte de funcionarios del Estado en perjuicio del propio Estado. Y se pregunta “¿Qué poderes e intereses ocultos se esconden en los aposentos privados y luego se firman en los despachos estatales?”.

Dijo que el hecho de tratar de mantener, a través de un “plumazo” un estatus monopolizante en perjuicio de la competitividad, pudiera inducir a pensar que eso no se obtiene a través de la razonable obra del consenso, sino tal vez “forzadas” por presiones de intereses de sociedades secretas muy lejos de los principios éticos de la sociedad secreta La Trinitaria, inducidos por aquellos personajes pintorescos en quienes se inspiró Mario Puzo en su famosa novela “El Padrino”.

Advierte que los monopolios traen sus propias guerras, estas a su vez, escándalos no deseados, para luego terminar en los viacrucis con sus gólgotas, sus muchos Pilatos y muy pocos Cirineos.

“Quienes dirigen el Estado, en estos momentos en que se ven azotados por diversas tormentas de cuestionamientos, ¿les convendría otro huracán? Estoy seguro que no. Si hacen una reflexión, preferirían la “paz como consecuencia de la libertad”. Entonces, es momento de apuntar al centro de la diana, tal como un experto tirador al blanco. (Aunque utilice un anticuado rifle Winchester)”.

“Finalmente, con la mira puesta en el futuro, albergamos con certeza, que el MICM se apegará a los principales principios internacionales de las políticas de competencia, eliminando las malas prácticas que promueven la creación y mantenimiento de monopolios y abusos del mercado en beneficio de los consumidores y toda la sociedad. Pues es claro determinar bajo la óptica de la razón política que, si bien es cierto que de un lado hay buenos contribuyentes de campañas, por otro lado, los consumidores son los grandes electores”, afirmó.